Este miércoles, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a toda la oposición del Gobierno nacional de Javier Milei a “construir un frente opositor que exceda los límites del peronismo”, con el objetivo de aunar fuerzas para enfrentar políticamente a la administración libertaria, al advertir sobre el impacto del ajuste económico y plantear la necesidad de organizar una alternativa que articule a distintos actores sociales, productivos y políticos de cara al futuro.
En ese marco, el mandatario bonaerense llamó a “plantarse” frente a la administración nacional, y a consolidar una resistencia activa que combine la gestión provincial con una construcción política de alcance nacional, al señalar que el contexto económico y social es “dramático”, y que “resulta imprescindible superar el desánimo con una propuesta que convoque a sectores populares y productivos por fuera de las fronteras tradicionales del peronismo“.
Al analizar la coyuntura, Kicillof sostuvo que “es imperioso plantarse ante esto”, tanto desde la resistencia como desde el cuidado que puede ejercer la Provincia en el marco de sus competencias, y remarcó que ese posicionamiento debe complementarse con la elaboración de una alternativa política que permita canalizar el malestar social generado por las políticas de ajuste implementadas por el Ejecutivo nacional.
En tanto, el gobernador hizo especial hincapié en lo que definió como la “dureza de la política económica de Milei” y sus consecuencias directas sobre el empleo, el endeudamiento de los hogares y la pérdida del poder adquisitivo, al tiempo que cuestionó la actitud del Gobierno nacional, al que acusó de soberbio y de sostenerse a partir de un “salvataje norteamericano” que vinculó con el expresidente estadounidense Donald Trump, mientras intenta avanzar en el Congreso con lo que describió como “una espantosa batería de leyes”.
A dos días del mega acto en Ensenada, Kicillof volvió a criticar el rumbo económico nacional y aseguró que la administración libertaria “cambió 30 veces de política económica”, y definió el escenario actual como una combinación de improvisación y condicionamientos externos, particularmente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los acreedores extranjeros, un proceso que, a su entender, se intenta presentar como exitoso pese a sus efectos negativos sobre la economía real.
En ese sentido, Kicillof cuestionó el discurso oficial de Milei, “que insiste en reducir salarios y jubilaciones, ajustar a las provincias y paralizar la obra pública mientras sostiene un tipo de cambio que profundiza las dificultades productivas”, y afirmó que no existe ningún sector económico en la provincia de Buenos Aires que atraviese un buen momento, al mencionar la crisis en la industria, las dificultades del comercio, la gastronomía y el turismo, y los problemas estructurales que se acumulan en el entramado productivo bonaerense.
Frente a ese escenario, Kicillof identificó al desánimo, la resignación y el desinterés social como los principales enemigos a enfrentar, y advirtió sobre una narrativa nacional que busca “instalar la idea de que el ajuste es inevitable y que los resultados positivos están siempre postergados”, una lógica que comparó con promesas recurrentes de experiencias neoliberales previas que nunca se concretaron, mientras la realidad cotidiana muestra un deterioro persistente de las condiciones de vida.
Como contracara, el gobernador bonaerense enumeró distintas acciones de su gestión provincial, al destacar la continuidad de la obra pública, la política habitacional, la inauguración de escuelas y la incorporación de ambulancias al sistema de salud, además de subrayar el rol del Estado de la Provincia en la contención social, con una demanda creciente de asistencia alimentaria y la provisión diaria de alimentos a millones de niñas, niños y adolescentes en las escuelas de la provincia.
En relación con el financiamiento, Kicillof denunció que el Gobierno nacional mantiene una deuda cercana a los 11.000 millones de dólares con la provincia de Buenos Aires, recursos que corresponden a fondos que impactan directamente en los salarios de los docentes, los jubilados y las obras públicas, y que actualmente son reclamados ante la Corte Suprema de Justicia en defensa de los intereses provinciales.