Más de 1200 bibliotecas del país, entre ellas, alrededor de 12 en Olavarría podrían entrar en riesgo y encontrarse con serias dificultades para seguir con sus actividades si se continúa con la aplicación de la Ley 27.432. Por tal motivo, buscan interpelar a los actores políticos competentes con el objetivo de lograr su derogación.
La Ley 27.432, que se sancionó en 2017, modifica la ley de emergencia que permite la recaudación del Fondo Especial reconocido por la Ley 23.351 para las Bibliotecas Populares. A través de este, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) obtiene más del 50 % de los recursos distribuidos en subsidios y además, lleva adelante diferentes actividades.
Con la aplicación de esta nueva ley, a partir del 31 de diciembre de 2022, la CONABIP y, por ende, las Bibliotecas Populares dejarán de percibir los ingresos de este Fondo Especial que les permite llevar adelante diferentes acciones en las comunidades a las que pertenecen.
Desde el ámbito local resaltaron que, aunque no todas las bibliotecas están reconocidas por la CONABIP, muchas se encuentran realizando el trámite para ingresar a la Comisión Nacional por lo que es una situación que “los afectaría a todos”.
En este marco y con el fin de llegar a las figuras políticas competentes, desde la Comisión Nacional resolvieron enviar una nota a los legisladores nacionales de sus provincias solicitando “la derogación de los artículos de la ley 27.432 y exigir que sea tratado de inmediato”.
Por otra parte, desde el organismo nacional, solicitaron a las bibliotecas de todo el país “generar acciones culturales de difusión” con el objetivo de juntar firmas entre los socios, usuarios y comunidad de cada biblioteca que serán presentadas en la próxima Feria Internacional del Libro a la cual concurrirán subsidiadas por CONABIP todas las bibliotecas del país.