Tras varias denuncias públicas, doce gobernadores se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir la “inconstitucionalidad” del decreto presidencial que establece la reducción del IVA en productos de la canasta básica y, además, la suba del mínimo no imponible de Ganancias.
En paralelo, y tomado como un reclamo separado, los mandatarios pidieron el dictado de una medida cautelar para que “se retrotraiga la medida y no se les descuenten los recursos, ya que ambos impuestos son coparticipables”.
Las presentaciones fueron realizadas por Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan. En tanto, analizan la situación Misiones, Chaco, Neuquén y Río Negro, que podrían explorar un camino alternativo.
Lo que buscan como “máxima” es que haya una compensación por la pérdida de fondos en las arcas provinciales. Mientras tanto, la Corte enviará las demandas a la Procuración General de la Nación para que dictamine si los casos son de su "competencia originaria".
La decisión de los gobernadores de demandar al Gobierno fue tomada la semana pasada durante un encuentro de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que estimó que las provincias tendrán que hacerse cargo de más de la mitad de los $ 50.000 millones que costaría la batería de medidas. Se trata de un total de casi $ 30.000 millones sin tener en cuenta la eliminación del IVA de los alimentos de la canasta básica.