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Polo Judicial: la Suprema Corte culpó a Provincia por la paralización de obras

Confirmó que las obras están “encaminadas a su paralización” y culpó al gobierno bonaerense por la “fuerte reducción” de las obras gestionadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Además, también denunciaron la considerable suba de los servicios públicos y alquileres en inmuebles para su funcionamiento.

Tras la confirmación de la paralización de la obra del Polo Judicial en Olavarría (en paralelo con otras obras en la Provincia) la Suprema Corte emitió una Resolución en la que culpó a Provincia por la “fuerte reducción” de fondos que impiden el desarrollo de dichos trabajos.

 

Titulado como “Dificultades para afrontar los gastos de funcionamiento y continuar obras de infraestructura en el ámbito de la Administración de Justicia provincial” la Corte puso de manifiesto las dificultades para afrontar “gastos de funcionamiento” y también de continuidad de obras edilicias en la Administración bonaerense.

 

La resolución, firmada por todos sus ministros, señala que la Ley de Presupuesto General de este año “supuso para el Poder Judicial una fuerte reducción en las partidas destinadas a dar continuidad a las obras gestionadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encaminándolas a su paralización”.

 

 

Otro punto en el que mencionaron como conflictivo dado el importante impacto es “el incremento de tarifas sobre rubros indispensables para la prestación del servicio de Justicia, tales como servicios públicos, alquileres de edificios, mantenimientos preventivos de instalaciones, etc., con una asignación de recursos para este año similar a la del 2018”.

 

Desde la Corte se dispuso adoptar un reordenamiento de prioridades que afectan obras menores y renovación de equipamiento e instalaciones, algo que se tenía previsto con el Presupuesto para el 2019.

 

En paralelo, le pidieron al gobierno de Vidal “la necesidad de contar con refuerzos presupuestarios para afrontar los gastos por alquiler de inmuebles, los costos emergentes que supondrían las extinciones de locaciones y gastos no previsionados en caso de requerirse el resguardo de las obras inconclusas”.

 

 

Para finalizar, los integrantes de la Corte señalaron que “se ve en la obligación de hacer saber que la interrupción del proceso de mejora gradual de asignación de recursos de los últimos años, dificultan el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de Administración de Justicia que promueve el Tribunal desde hace años, con la finalidad de dar respuesta a las acuciantes necesidades en materia de infraestructura edilicia y modernización tecnológica”.

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