La Defensoría del Pueblo bonaerense denunció que los cambios que introdujeron los nuevos contratos de Participación Público Privado en las concesiones de los corredores viales tendrán un impacto negativo en los bonaerenses.
El reclamo radica en que a partir de esta modificación las empresas dejarán de hacerse cargo de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en estas rutas nacionales que atraviesan la Provincia.
Si bien restas precisiones acerca del inicio de la tan mentada obra de la Ruta Nacional N° 3, la novedad afectará sin dudas a todos los distritos de la región.
“La nueva disposición determinó que, en caso de un siniestro en la ruta, serán los municipios en los que se produzca el hecho los que deban hacerse cargo de los servicios de emergencias que antes le correspondía a las empresas, lo que tendrá un claro impacto en las finanzas comunales”, se expuso desde la Defensoría.
“Los municipios deberán enfrentar estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y sí garantizarle los negocios a las empresas”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Esta medida alcanzará a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205).
Ante este escenario, la Defensoría envió notas a todos los municipios afectados y expresó su preocupación por el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones.