La Comisión Provincial por la Memoria realizó la presentación de su informe anual 2018 sobre lugares de encierro y política de seguridad y niñez. Allí, hubo fuertes críticas al gobierno por “la violencia de Estado como estrategia de control de los territorios y las poblaciones” en conjunto con lo que sucede en las cárceles del territorio bonaerense.
Catalogadas como consecuencias de “políticas de mano dura” el resultado arrojado da cuenta de un “record de detenidos, sobrepoblación, torturas y muertes”.
“Los datos cuantitativos y cualitativos presentados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su labor de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad y niñez, constatan una vez más las graves violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires y el fracaso de un punitivismo ineficaz para solucionar los problemas de seguridad” señalaron en un comunicado.
A diciembre de 2017, según expresó el informe, había 43.094 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo arresto o prisión domiciliaria que representa una tasa de encarcelamiento de 253 detenidos cada 100.000 habitantes. La tasa de detención en los últimos 10 años creció 78 puntos, y 37 (casi la mitad) corresponden solamente al periodo 2016-2017. La situación se siguió agravando, a junio de 2018 el número de detenidos supera los 45 mil.
Por otra parte, el sobreencarcelamiento dispara la sobrepoblación y el hacinamiento a niveles denominados “críticos”: 38.320 personas detenidas que se alojaban en 20.071 plazas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Esto representa también un récord histórico de sobrepoblación: 91%, 20 puntos más que en 2016.
En las comisarías de la Provincia, 3.097 personas ocupaban 1.040 camastros, es decir, dos de cada tres personas duermen en el piso. Esto representa una sobrepoblación del 197%. El otro dato alarmante del sobreencarcelamiento es el uso de comisarías inhabilitadas para alojar personas. De las 279 comisarías inhabilitadas, 109 seguían siendo utilizadas para alojar detenidos: a diciembre de 2017, 1.269 personas se encontraban detenidas en espacios no habilitados para este fin.
“El desenlace de esta política de imposición del dolor y el sufrimiento es la muerte: más de 160 en cárceles, 22 en comisarías –entre ellos, los siete jóvenes víctimas de la masacre de Pergamino. Otras 182 personas fallecieron en el marco de internaciones por razones de salud mental en hospitales monovalentes, unidades penitenciarias psiquiátricas dependientes del SPB, clínicas neuropsiquiátricas y comunidades terapéuticas” señalaron también.
Finalmente, otro dato impactante es que “en 2017, hubo 121 muertes por uso letal de la fuerza, un 11% más que el año anterior; casi el 80% de las víctimas tenían menos de 30 años y en el 73% de los casos el policía que mató estaba fuera de servicio”.