Tomando como parámetros la sobrepoblación y el hacinamiento, la Defensoría ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunció públicamente que la población carcelaria del territorio bonaerense se agudizó en contextos de vulneración de derechos humanos.
El informe es tan contundente, que deja en claro que “el Estado Provincial reconoce que aloja unas 10.000 personas por encima del cupo fijado por el propio Ejecutivo (sin contar las personas alojadas en comisarías)".
Se agrega, además, que “el récord histórico de personas detenidas aumentan las tasas de prisionización y persisten las denuncias por torturas y malos tratos, sumado a las pésimas condiciones de atención a la salud y deficiencias en la infraestructura, que caracterizan a las cárceles de la provincia".
A su vez, criticaron con dureza las medidas y las intenciones del gobierno dado que “el Estado Provincial no sólo no informa cómo habrá de resolverlo sino que promueve la sanción de un nuevo código de procedimiento penal que, como resultado inmediato, generará un mayor caudal de ingresos al sistema penitenciario".
Como propuestas desde los organismos de derechos humanos solicitaron que se conforme un comité de emergencia por sobrepoblación que tenga la tarea de definir las plazas disponibles y de tomar decisiones específicas para bajar la cantidad de personas privadas de la libertad. También, que "se generen directrices para que los jueces reduzcan la cantidad de personas encerradas en el sistema penal y controle el cumplimiento de la orden dictada en diciembre de no alojar detenidos en lugares inhabilitados. Nunca más a la tortura, nunca más al hacinamiento".