Este viernes se conoció que dos canteras que operan en el partido de Olavarría accionaron ante la Justicia Federal para pedir la declaración de inconstitucionalidad del llamado “Derecho de Explotación de Canteras” por el cual el estado local cobra a las empresas mineras en virtud de las toneladas de material extraído durante el mes anterior.
En el caso de Canteras Argentinas la presentación, realizada por su abogado Jorge Moroni indica que ese gravamen “violenta de forma flagrante y directa el artículo 9º de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos N° 23.548 (a la cual adhirió la Provincia de Buenos Aires por Ley N° 11.244), configurando una doble imposición prohibida al estructurar un verdadero "Impuesto a la Piedra" encubierto, que resulta sustancialmente análogo a tributos nacionales distribuidos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias”.
Agrega que “para el hipotético caso en que el demandado alegue que la exacción constituye una tasa legítima, se solicita la declaración de inconstitucionalidad por violación a la doctrina de la CSJN sobre tasas retributivas, ante la ausencia absoluta de una contraprestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio, quebrantando los artículos 17, 31, 75 inciso 2 y 123 de la Constitución Nacional”.
Además, anota que “la ordenanza de Olavarría, al establecer un mecanismo de indexación por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC (Art. 23) sobre un tributo minero operado mediante declaraciones juradas (Art. 96), impacta e interfiere directamente en el comercio interjurisdiccional (Art. 75 inc. 13 de la Constitución Nacional). Los minerales de construcción extraídos en el partido de Olavarría constituyen insumos críticos destinados al abastecimiento de obras de infraestructura en múltiples provincias y en la Capital Federal”.
Considera la demanda que “al encarecer artificialmente el costo de salida del mineral mediante un arbitrio indexatorio que no guarda proporcionalidad alguna con un servicio municipal, la comuna interfiere en la política económica nacional y quiebra el pacto de la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548”.
Acotan que “la magnitud de la carga fiscal impuesta por el Municipio de Olavarría repercute directamente en la cadena de comercialización y en las transacciones que la actora realiza con distintos adquirentes a nivel interjurisdiccional. Las constancias de facturación de la compañía reflejan operaciones de pago anticipado por volúmenes masivos que integran la estructura comercial afectada por la presión fiscal local”.
También mencionan como parte de su estrategia de litigio el fallo favorable logrado por la empresa Marengo radicada en el partido de Azul (en primera instancia en 2024 y ratificado en 2025 por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata) que logró la declaración de inconstitucionalidad del tributo municipal porque se consideró que al calcularse como un porcentaje sobre el valor de venta o facturación, funcionaba en los hechos como un impuesto municipal análogo al IVA o a Ganancias. Se consideró violatorio del artículo 9 de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, que prohíbe a provincias y municipios crear gravámenes locales similares a impuestos nacionales coparticipables.
La demanda impulsada por Canteras Argentinas apunta que ambos gravámenes locales se tornan inconstitucionales porque “mientras Azul aplicaba un porcentaje fijo sobre el precio de venta (analogía directa con el IVA), Olavarría logra el mismo efecto indexando los mínimos de su tasa en base a la inflación general de la economía por el Artículo 23”.
Señala que “al desvincular el cobro del costo real y de la contraprestación de los servicios de inspección, y atarlo a un índice de precios de mercado general, Olavarría deja de cobrar una tasa legítima. Lo que hace es capturar la mayor capacidad contributiva del minero generada por la devaluación y el aumento de precios de sus productos”.
En el caso de la presentación judicial impulsada por Piatti, también se apunta a que el gravamen es sustancialmente análogo al Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto nacional coparticipado, en violación de la prohibición prevista en el artículo 9, inciso b), de la LCF y, de los artículos 31 y 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. Se menciona además que los Derechos de Explotación no reúnen los elementos constitutivos de una tasa retributiva de servicios conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por no corresponder a un servicio concreto, efectivo e individualizado ni guardar una razonable proporción con su costo- y, por lo tanto, constituyen un impuesto cuya potestad tributaria se encuentra vedada a la Municipalidad.
Al igual que en el caso de Canteras Argentinas, se pide que mientras se sustancie el proceso se dicte una medida cautelar que impida la ejecución del cobro de montos adeudados, en el caso de Piatti, desde agosto de 2024.
