"Sin ciencia no hay futuro", "El salario docente no es un gasto, es una inversión", "La unión hace la fuerza por y para los que luchamos", "El silencio y la indiferencia son cómplices de esta violencia" se leyó en algunos de los carteles que portaban estudiantes, docentes y no docentes de las facultades de la Universidad Nacional del Centro con sede en Olavarría que participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria en reclamo de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
La bandera que encabezaba la manifestación rezaba: "Universidad Pública es: +Educación +Soberanía + Democracia, lema elegido para la protesta en todo el país".
El punto de inicio de la marcha fue la esquina de Chacabuco y San Martín, en Pueblo Nuevo, luego de la realización de un festival musical desarrollado en la plaza López Camelo. Portaron la bandera principal las autoridades de las casas de estudio de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias Sociales, acompañados por el intendente de Olavarría Maximiliano Wesner y estudiantes, docentes y no docentes.
La marcha se dirigió hacia la plaza Central y cruzó a la altura del puente de coronel Suárez, alcanzando una longitud aproximada de tres cuadras en su extensión completa. En la zona céntrica recibieron el acompañamiento de la gente que transitaba, o que salía de sus casas o negocios para saludar y apoyar el reclamo que lleva ya más de un año.
Al finalizar la movilización en el Paseo "Jesús Mendía", se leyó un documento conjunto de todos los espacios convocados. Allí se planteó, entre otros puntos que "este gobierno vino a romper un consenso fundamental de la sociedad argentina que siempre creyó en la educación. Es una política pública que ha sido sostenida por gobiernos muy distintos. El reflejo de esta decisión es el presupuesto presentado por el gobierno, el más bajo de la historia en materia educativa, menos del uno por ciento del PBI. Esta es la situación que hay que revertir para el sostenimiento de la universidad y de la escuela públicas".
Advirtieron que "el reflejo de esta decisión es el presupuesto presentado por el gobierno, el más bajo de la historia en materia educativa, menos del uno por ciento del PBI" y lanzaron una dura advertencia: "Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene".
El documento completo
Defender nuestros sueños, garantizar el futuro
V Marcha federal universitaria: por la educación, la soberanía y la democracia
La V Marcha federal universitaria se convoca con tres grandes consignas que leen la problemática universitaria en el contexto de la cruda realidad de nuestro país y de los sueños colectivos que construyeron la universidad pública argentina que reivindicamos y que cotidianamente construimos.
Esta nueva Marcha federal universitaria es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda, de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario. El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano. El Congreso de la Nación y el poder Judicial nos han dado la razón sancionando una Ley, declarando inconstitucional la pretensión del gobierno de anularla y estableciendo una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 (salarios) y 6 (becas).
El incumplimiento sistemático del gobierno nacional de las leyes con las que no acuerda ni ha promovido y de las medidas judiciales que lo obligan a efectivizarlas es la expresión de su voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia, reemplazando las funciones legislativas que son propias del congreso de la nación.
Por ello, convergemos con el gran reclamo ciudadano que ha adquirido un carácter de urgencia: la derogación del DNU 70/23 que anula leyes emanadas del Congreso de la Nación y declara otras que no han sido sometidas al necesario debate parlamentario.
El Congreso de la Nación tiene la enorme responsabilidad de defender nuestras instituciones y someter a su deliberación todas las leyes que se crean necesarias para nuestro país.
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La universidad pública emerge con los proyectos de nación y de las provincias. Su consolidación y su presente forman parte del debate sobre el futuro de nuestro país, de sus condiciones de posibilidad.
Los grandes hitos que conforman el modelo universitario argentino hacen al armado de nuestra nación y a la infraestructura del conocimiento que el país necesita.
• de la formación de las elites a la formación de las clases medias y populares,
• la autonomía y el cogobierno,
• la gratuidad,
• el ingreso irrestricto,
• la territorialidad inclusiva
• la extensión como horizonte de articulación con los problemas sociales y productivos nacionales y provinciales y
• su conformación como espacios de trabajo con derechos
La ciencia y la tecnología son parte sustantiva de la universidad pública argentina y contribuyen de manera fundamental a la soberanía del conocimiento y de la soberanía tecnológica. El histórico desarrollo territorial del sistema universitario y científico-tecnológico es un indicador de su importancia para el desarrollo integral de las regiones de nuestro país.
Hacer ciencia es producir conocimiento, innovación y las universidades son protagonistas del ecosistema innovador que, en todas sus disciplinas, aportan al crecimiento económico y al patrimonio artístico e intelectual de nuestro pueblo. Es generar herramientas que nos permitan crecer como país, que nos permitan comprender la realidad que nos toca vivir.
Es obligación del Estado garantizar los derechos a:
•educación y la producción científica y tecnológica
•salud
•trabajo digno
•cultura
•el sostenimiento de una industria nacional
• la protección de los recursos naturales
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En definitiva, a proteger las vidas de la ciudadanía argentina y a plantear políticas públicas que atiendan la problemática del endeudamiento que las familias han contraído.
Este gobierno vino a romper un consenso fundamental de la sociedad Argentina que siempre creyó en la educación. Es una política pública que ha sido sostenida por gobiernos muy distintos. El reflejo de esta decisión es el presupuesto presentado por el gobierno, el más bajo de la historia en materia educativa, menos del uno por ciento del PBI. Esta es la situación que hay que revertir para el sostenimiento de la universidad y de la escuela públicas.
La universidad pública es una herramienta fundamental de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional. Sin embargo, garantizar su gratuidad no alcanza si las y los estudiantes no cuentan con las condiciones económicas necesarias para sostener sus estudios, y sobre todo si el gobierno nacional se sigue negando a cumplir la Ley.
El severo deterioro del sistema de bienestar estudiantil impacta de lleno en el corazón de la universidad pública. Las becas no constituyen un subsidio ni un gasto: son la herramienta imprescindible para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de miles de jóvenes que necesitan del apoyo estatal para sostener sus estudios. Sin un sistema de ayudas económicas actualizado y transparente, el acceso a la educación superior se convierte en un privilegio inaccesible para los sectores más vulnerables y para quienes trabajan y estudian.
Esta realidad se evidencia con claridad en la pérdida del poder adquisitivo de programas fundamentales como las Becas Progresar, cuyos montos se mantienen congelados en $35.000 desde el año 2024, una cifra que resulta insuficiente para cubrir costos elementales como el transporte urbano o los materiales de estudio. A esta depreciación se suma una creciente exigencia de requisitos administrativos de difícil cumplimiento, junto con la falta de claridad y transparencia en las convocatorias y procesos de adjudicación.
A este preocupante escenario se añaden la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el virtual congelamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), lo que lesiona gravemente el primer eslabón en la formación de las futuras generaciones de investigadoras e investigadores. Desmantelar el sistema de becas no constituye una mera meta de equilibrio fiscal; representa una política de deserción forzada que amenaza con transformar a la universidad pública, una vez más, en el privilegio de unos pocos.
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La decisión del gobierno nacional de asfixiar las universidades nacionales tiene uno de sus núcleos más duros en el ataque al salario y a la negociación colectiva de trabajadores docentes y nodocentes.
Esta definición política, a lo largo de estos casi tres años, produjo un persistente deterioro del poder adquisitivo de los salarios, una alarmante precarización de las condiciones de vida de docentes y nodocentes y pone en riesgo las vocaciones académicas, los saberes acumulados y capacidades técnicas y estratégicas. Esto compromete el principal sostén de nuestras instituciones que llevó décadas de esfuerzo construir al que un país soberano no debería renunciar.
El gobierno nacional no sólo incumple con la Ley de Financiamiento Universitario, también desconoce la institucionalidad de las paritarias, la institución que regula al mundo del trabajo en nuestro país. Hay grandes temas que deben discutirse y resolverse: la restitución del FONID, la revisión del nomenclador preuniversitario, los problemas de las plantas docentes y nodocentes, los fondos de capacitación, las garantías salariales y el pase de todos los montos cobrados a sumas remunerativas y bonificables.
Trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales, como toda la clase trabajadora, atravesamos un momento crítico en materia de salud y del sistema jubilatorio. No vamos a resignarnos a perder nuestra salud y nuestro derecho a una jubilación digna.
Las universidades públicas argentinas atraviesan una situación presupuestaria crítica. Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza: se resienten de manera directa los proyectos de investigación científica, las actividades de extensión en los territorios, la vinculación tecnológica con el medio socioproductivo, la adquisición y actualización del equipamiento y, fundamentalmente, las posibilidades reales de garantizar que miles de estudiantes cumplan el sueño de recibirse, de lograr el título universitario.
Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene. Argentina va a terminar, por tercer año consecutivo, con uno de los gastos públicos en educación superior más bajos de América Latina.
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación no contempla las partidas requeridas por Ley de Financiamiento Universitario, ni prevé la recuperación de las pérdidas acumuladas
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en el sistema universitario y científico. En contraposición, la propuesta presupuestaria elaborada por el CIN y elevada a las autoridades educativas nacionales no sólo contempla el cumplimiento de la ley que reclamamos que se aplique, sino que procura restaurar la previsibilidad indispensable para el normal funcionamiento institucional y proyectar un desarrollo razonable de la educación superior. En este sentido, el presupuesto para las universidades nacionales debería incrementarse un 33,4% respecto del proyecto de ley de presupuesto presentado por el ejecutivo nacional. De allí la importancia estratégica de que la Ley de Presupuesto 2027 contemple en materia de presupuesto universitario el piso previsto en la Ley de Financiamiento y además, se asegure con una mejora sustantiva del presupuesto destinado a la educación obligatoria. No hay universidad de calidad sin un sistema educativo integrado y con capacidad de dar respuesta a las demandas y necesidades reales de nuestro pueblo.
La situación del sistema nacional de ciencia y tecnología también es crítica. Se evidencia una reducción importante de investigadoras e investigadores jóvenes, la caída vertiginosa en la adjudicación de becas, la parálisis en el financiamiento de proyectos competitivos —esencial para la compra de insumos e infraestructura— y la interrupción del acceso a las principales publicaciones científicas internacionales. Consolidar una línea de investigación y formar profesionales de excelencia exige más de una década de trabajo continuo, mientras que un equipo de investigación puede desarticularse en pocos meses.
Por todo esto, debemos ser claros: las universidades y el sistema científico-tecnológico no están discutiendo hoy sus márgenes de expansión o crecimiento, sino la preservación de las condiciones mínimas de existencia.
El éxodo de científicas y científicos que nuestro país formó es una realidad que debemos revertir de manera urgente. Cada persona que sale del sistema es una carrera que se apaga, es una región que se empobrece. Defender la universidad y el sistema científico-tecnológico es defender que el conocimiento se quede en el país. Es defender el federalismo y hacer soberanía.
La V Marcha Federal Universitaria condensa una vez más la voluntad de toda la comunidad universitaria y del pueblo de la nación de defender las universidades públicas como un preciado bien estratégico. Necesitamos más universidad pública, más sistema público de ciencia y tecnología, más educación pública, más Estado garante del derecho humano a la educación y a la vida digna.
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Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución.
Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social.
Los países que se soñaron grandes, capaces de asegurar una vida y un ambiente saludables para sus pueblos son aquellos que hicieron la apuesta sostenida de tener un sistema de educación de calidad, ciencia y tecnología nacional con capacidades de resolución de sus problemas, y un dispositivo que movilice el talento y la creatividad social en todos sus niveles. Esos sueños son los que estamos expresando en esta V Marcha, es lo que estamos soñando para nuestra patria. Por ello tiene la potencia de hacer converger las grandes luchas por una vida digna y la obligación indelegable del Estado de garantizarla.
Por una patria democrática
Por una patria soberana
Por una patria educada
Viva la universidad pública,
Viva el pueblo argentino
