El debate se instaló definitivamente en el ámbito judicial y, al parecer, más de un funcionario del gobierno bonaerense deberá explicar la situación. Se trata de impuestos que la administración provincial cobra en las facturas eléctricas de todas las empresas que operan en su territorio por conceptos que no se derivan a lo estipulado inicialmente.
Todo lo recaudado va a parar a una imprecisa caja denominada Rentas generales, cuyas cifras arrojan números sorprendentes: a lo largo del año, el gobierno factura aproximadamente $ 180 millones por tributos, en su esencia, falsos.
El impuesto que se anexa a las boletas constituye el 15,5% sobre el total de energía facturada en usuarios residenciales, mientras que en usuarios comerciales e industriales alcanza el 20,5%.
Los decretos ley que especificaban esta medida son el 7.290/67, que en su artículo 1º dispone que el monto producido integrará el “Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la provincia de Buenos Aires”, y el 9.038/78, que en su artículo 4º hacía explícita la financiación de las inversiones para la Central de acumulación por bombeo en Laguna La Brava, en el partido de Balcarce.
El primero es de 10% del consumo, mientras que el segundo es de 5,5%. No obstante, la iniciativa para la Central “no pasó de la etapa de proyecto, pues cuando se estudiaron las condiciones de su operación, simulando el funcionamiento dentro del parque generador argentino, no resultaba económicamente ni mejoraba las condiciones de fiabilidad del conjunto”, según el propio ministerio de Obras y Servicios Públicos en febrero de 2002. El proyecto ya había sido desestimado en 1980.
Ambos decretos fueron firmados por gobernadores de regímenes militares: el primero por Francisco A. Imaz, y el segundo por Ibérico Manuel Saint Jean. Al momento de la sanción de las leyes, el Estado provincial era propietario de la Empresa Social de Energía de Buenos Aires SA, por lo que se buscaba darles financiamiento a las obras eléctricas de la empresa. Hace ya más de 15 años que toda la distribución de energía en la Provincia de Buenos Aires ha caído en manos de empresas privadas, y por lo tanto, el Estado ha dejado de ser el responsable directo del mantenimiento, ampliación y fomento del sector.
En su momento, las voces oficiales afirmaron que el destino de los fondos se modificó durante la gobernación de Alejandro Armendáriz, para pasar a destinarse a la construcción de la central eléctrica Comandante Luis Piedrabuena. Por ahora, los vastos billetes continúan depositándose en una cuenta especial del Banco Provincia, cuyo destino final todavía sigue, cuanto menos, en penumbras.
En base a todo esto, la cúpula de senadores bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó una denuncia en el juzgado de Defensa del Consumidor de La Plata, a cargo de Dante Rusconi, en la que solicita el cese de los cobros adicionales por parte de la administración Scioli.
El presidente del bloque, Jesús Porrúa, le confió a Hoy que “cuando Scioli aumenta las tarifas nosotros decimos que en realidad está aumentando su propia recaudación, ya que el 15% va para su administración”.
En la acusación, los legisladores señalan específicamente a Edelap, aunque el tributo va gravado no sólo allí, sino en las boletas de todas las empresas prestadoras del servicio en Buenos Aires.
Porrúa, en ese sentido, se encargó de dejar en claro que el único responsable es el Gobierno provincial. Al respecto, voceros de Edelap explicaron que “el tributo corresponde únicamente a la Provincia, por lo cual Edelap no ve un centavo de todo eso”.
La denuncia de la UCR señala que para el año 2002 fueron, en el caso de Edelap. $ 8,3 millones los afectados por la ley 7.290/67. Pero el monto final es muy superior. La razón es simple: no sólo en las boletas de Edelap se anexa el impuesto, sino también en las de Edesur y Edenor, las otras dos empresas. Por si fuera poco, el tributo alcanza también a las cooperativas que prestan el servicio en el interior bonaerense. En síntesis: todos los usuarios de los 134 distritos lo abonan, y el total anual ronda los $ 180 millones.
Fuente: Hoy
