La discusión sobre el impacto real del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) volvió a cobrar fuerza luego de que un informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel pusiera en duda uno de los principales argumentos del Gobierno para defender el esquema: que los proyectos aprobados no se hubieran concretado sin los beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros previstos por la ley.
Según el trabajo difundido por el referente del Frente Renovador, buena parte de las iniciativas que ya obtuvieron el visto bueno oficial habían sido anunciadas por las empresas antes de la creación del régimen y representaron enormes beneficios impositivos para las firmas adherentes.
En ese marco, el legislador sostuvo que varias compañías se incorporaron al RIGI para acceder a ventajas tributarias sobre inversiones que ya estaban contempladas dentro de sus planes de expansión.
“El Gobierno presupone que, sin los beneficios del RIGI, las inversiones no se hacían, cuando en realidad la mayoría de las inversiones ya estaban anunciadas”, afirmó Michel. A su vez, señaló que “se cae la idea de que sin el RIGI esas inversiones no se hubieran radicado en el país y que, por lo tanto, la recaudación de referencia sería cero”.
Durante el último año, el Gobierno exhibió como uno de los principales logros económicos la adhesión de grandes proyectos de energía, minería e infraestructura. Sin embargo, el informe sostiene que varios de esos emprendimientos ya se encontraban en etapa de diseño, evaluación o ejecución antes de la sanción del régimen.
Los proyectos que ya estaban en carpeta
Entre los casos mencionados aparece el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), impulsado por YPF y un consorcio de petroleras, que prevé una inversión cercana a los 2.900 millones de dólares para ampliar la capacidad exportadora de crudo desde Río Negro.
De acuerdo con el análisis, el trazado y el desarrollo del proyecto ya habían sido delineados antes de la puesta en marcha del RIGI.
Otro ejemplo es el Parque Solar El Quemado, en Mendoza, desarrollado por YPF Luz con una inversión estimada en 211 millones de dólares para generar 305 MW. Su planificación original se remonta a finales de 2023, antes de que se conocieran los alcances del régimen.
La misma observación alcanza al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), una iniciativa vinculada al desarrollo de Vaca Muerta cuya concepción y estudios preliminares comenzaron años atrás como parte de la estrategia de expansión exportadora del sector hidrocarburífero.
En minería, el informe señala que diversos emprendimientos de litio en el Salar del Hombre Muerto y otros polos productivos del norte argentino ya atravesaban etapas de exploración, evaluación o desarrollo antes de incorporarse al esquema promocional. Entre ellos aparecen proyectos vinculados a compañías como Río Tinto y Galan Lithium.
También figura el Parque Eólico Olavarría, desarrollado por PCR y ArcelorMittal Acindar. La iniciativa fue aprobada dentro del RIGI en agosto de 2025, aunque las empresas venían trabajando en el diseño técnico y el financiamiento internacional desde fines de 2024, en continuidad con experiencias previas de generación renovable.
El costo fiscal de los beneficios
La crítica de Michel apunta a que el análisis oficial parte de una premisa equivocada: considerar que, sin el RIGI, esas inversiones no se hubieran realizado. Desde esa perspectiva, el régimen estaría generando una importante transferencia de recursos públicos hacia proyectos que igualmente habrían avanzado.
Según las estimaciones difundidas por el legislador, los primeros 13 proyectos aprobados representan un costo fiscal cercano a los 1.837 millones de dólares anuales, equivalente al 0,27% del Producto Bruto Interno.
“Lo cierto es que el costo fiscal es sustancial”, sostuvo Michel, quien remarcó que esos recursos podrían destinarse a áreas como salud, educación o seguridad.
El debate sobre el empleo
Los cuestionamientos al régimen también comenzaron a aparecer desde sectores vinculados a la actividad minera. Al analizar recientemente la decisión de Loma Negra de apagar uno de sus hornos, el secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, puso en duda que los beneficios otorgados a las grandes compañías se estén traduciendo en más puestos de trabajo.
“Hablan de inversiones, de RIGI, Súper RIGI y de que la minería es uno de los pilares de la economía, pero desde que asumió este gobierno hay casi 3 mil puestos menos en el sector”, sostuvo.
El dirigente sindical también cuestionó el argumento oficial de que el régimen está impulsando una nueva ola de inversiones. “Muchas son empresas que hacía más de 20 años, algunas que estaban produciendo en la Argentina. Entonces es bastante mentiroso que entró plata porque vinieron a hacer una minera”, afirmó.
Las críticas reabren una de las principales discusiones alrededor del régimen impulsado por el Gobierno y ante el flamante anuncio del Súper RIGI que otorgará mayores incentivos fiscales: si los beneficios extraordinarios otorgados a las grandes inversiones están logrando atraer proyectos que de otro modo no hubieran llegado al país o si terminan mejorando la rentabilidad de iniciativas que ya formaban parte de los planes de negocios de las empresas.
(Infocielo)