En la privatización de corredores viales que impulsa el Gobierno de Javier Milei, la empresa estatal bonaerense Aubasa quedó en el centro de una disputa. Si bien mostró intenciones de ser oferente para la concesión de la autopista Riccheri - Ezeiza - Cañuelas y otros tramos de rutas nacionales, ahora denunció irregularidades en la licitación por parte de la Rosada.
Así lo aseguró el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien contó que mandaron una nota al Ministerio de Economía pidiendo la intervención de Defensoría del Pueblo (tanto la nacional como la provincial) en el proceso de concesión de rutas. El objetivo, sostuvo, es garantizar “plena transparencia” en un proceso que, denunció, sufrió modificaciones sustanciales a último momento.
“Pretendemos que hagan de veedor y que participen de todo el proceso de selección”, dijo en conferencia de prensa desde la Gobernación. Y destacó que a pocos días del cierre de ofertas, se cambiaron decenas de artículos del pliego, alterando las condiciones originales. Para la Provincia, esos movimientos “desvirtúan” la competencia y abren sospechas sobre posibles arbitrariedades en la adjudicación de las concesiones.
La solicitud surgió porque las autoridades nacionales modificaron 33 artículos del pliego una semana antes de que venza el plazo para presentar las ofertas. “Cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”, remarcó el ministro Katopodis antes de señalar que “todos esos cambios desvirtúan el proceso”.
Se trata de un tema sensible para el Gobierno de Kicillof porque decidió postularse para administrar tres tramos de rutas nacionales, incluyendo autopistas como la Riccheri y caminos estratégicos como las rutas 226, la 3 o la 205.
La empresa pública provincial formalizó su participación luego de comprobar que los pliegos de las concesiones viales no incluían una cláusula que prohíba expresamente la participación de compañías estatales. Actualmente, está en marcha el proceso de evaluación de las ofertas y hay al menos 10 en condiciones de ganar.
En ese contexto, Katopodis defendió el perfil de la empresa pública, a la que definió como “superavitaria” y con estándares de servicio que, dijo, pueden verificarse en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata o la Ruta 2. Y no descartó que la administración libertaria pretenda “hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones”.
Katopodis fue más allá y sugirió que el esquema licitatorio podría esconder un modelo de negocios basado en peajes más caros y nuevos puntos de cobro. “Hay una clara intención de recaudar más”, advirtió, al tiempo que contrapuso el modelo de Aubasa que, según remarcó, reinvierte el 100% de sus ingresos en obras y mantenimiento. (DIB)