Este lunes se reanudan en Río Gallegos las audiencias del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, en una etapa clave del proceso que estará centrada en declaraciones técnicas y testimoniales para intentar esclarecer responsabilidades penales por la muerte de los 44 tripulantes, entre ellos el olavarriense Diego Wagner Clar.
El debate se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y entra en una fase de alta complejidad técnica, con un cronograma que prevé cinco testigos por jornada hasta el jueves, en el marco de un proceso más amplio.
El tribunal está integrado por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez, quienes conducirán esta nueva etapa del juicio.
En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina: Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones de comunicaciones submarinas.
La acusación es sostenida por el Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales Lucas Colla, Julio Zárate, Gastón Franco Pruzan y María Andrea Garmendia Orueta, mientras que las querellas están representadas por Valeria Carreras y Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos.
El objetivo del juicio es determinar si el submarino estaba en condiciones de navegar al iniciar su última misión y si existieron incumplimientos u omisiones en la cadena de decisiones que puedan derivar en responsabilidades penales.
En esta etapa, el foco estará puesto en el análisis técnico del funcionamiento del ARA San Juan, incluyendo sus sistemas, protocolos de navegación y condiciones operativas.
Entre los puntos que comenzarán a analizarse figuran el estado de navegabilidad, las reparaciones realizadas durante la llamada “media vida” finalizada en 2014, los controles previos a cada misión y las anomalías detectadas en navegaciones anteriores.
También se evaluará el funcionamiento de sistemas críticos, como la válvula E-19, señalada en la investigación como un posible punto de ingreso de agua al sector de baterías.
Según consta en la causa, se encuentra acreditado que ingresó agua de mar en la zona de baterías de proa, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio. Ese episodio fue reportado por el propio comandante del submarino, Pedro Fernández, quien informó que la situación había sido controlada por la tripulación.
Auditor de la Armada en el recinto
Más allá de esos nombres, una persona que estuvo durante las largas jornadas en el tribunal Oral Federal pasó inadvertido hasta el último día de las audiencias cuando una de las abogadas querellantes preguntó sobre su identidad.
Se trataba de José Daniel Lorenzo, un abogado de la Armada Argentina, nombrado como “auditor”, aunque también fue referido como asesor logístico para el traslado de potenciales testigos.
En la última jornada de indagatorias, luego de una moción para que una familiar de las víctimas no exhibiera un cartel que podría “afectar el normal desarrollo del juicio” -medida que finalmente fue revertida-, la abogada Valeria Carreras querellante por la mayoría consultó sobre el carácter en el que se encontraba Lorenzo. El presidente del tribunal, Mario Gabriel Reynaldi, indicó que se trataba de un “auditor” de la Armada y que, al ser un juicio público, no podía impedir su presencia, aunque sí cabía consultar a cada testigo si se sentía cómodo con ella.