En las últimas horas, la Justicia penal de La Plata dictó la prisión preventiva para los dos trabajadores del Senado bonaerense acusados de abuso sexual con acceso carnal contra al menos cuatro mujeres, y de este modo, resolvió que continúen detenidos mientras avanza la investigación de una causa que sacude a la Legislatura provincial y que ahora pone el foco en una posible estructura de encubrimiento dentro de la Cámara alta.
La medida alcanza a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados de planta permanente del Senado bonaerense, que se encuentran privados de la libertad desde el 29 de diciembre del año pasado, y fue adoptada por el juez de Garantías Juan Pablo Massi tras un pedido formal de la fiscal Betina Lacki, a cargo de la investigación, quien solicitó que se mantuviera la detención de ambos acusados por la gravedad de los hechos imputados y el riesgo procesal existente.
Según se desprende del dictamen judicial, la fiscalía resolvió ampliar la imputación contra la pareja, a quienes se los señala como presuntos líderes de una estructura con características sectarias que habrían funcionado dentro del ámbito del Senado bonaerense, una decisión que se tomó luego de que dos nuevas víctimas prestaran declaración y relataran episodios de abuso que se suman a los ya denunciados con anterioridad.
De acuerdo con los nuevos elementos incorporados al expediente, los hechos investigados no se habrían limitado a encuentros en ámbitos privados, sino que también habrían ocurrido en despachos del propio Senado bonaerense, lo que motivó a la fiscalía a analizar si existió algún tipo de red de encubrimiento o tolerancia por parte de funcionarios de mayor jerarquía, una línea de investigación que aún se encuentra en etapa preliminar pero que suma tensión institucional al caso.
En su resolución, la Justicia de La Plata sostuvo que las víctimas eran captadas mediante un mecanismo de engaño basado en una supuesta figura de “guía espiritual” o liderazgo de tinte “mesiánico”, para luego ser sometidas a vejaciones físicas y sexuales. Por eso, la fiscal destacó que las pruebas obtenidas de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados a los imputados resultaron determinantes para avanzar con la ampliación de la acusación y sostener la prisión preventiva.
Es preciso mencionar que, el rol de Silva Muñoz también fue especialmente señalado en la imputación, ya que, según la fiscalía, lejos de actuar como una figura de resguardo para las jóvenes, era quien cumplía una función activa en la captación y acercamiento de las víctimas al entramado de abusos en el Senado bonaerense, un aspecto que refuerza la hipótesis de una acción coordinada y no de hechos aislados o individuales.
En la actualidad, el expediente reconoce formalmente a cuatro damnificadas, dos de ellas vinculadas a una causa iniciada en 2019 y otras dos incorporadas a lo largo de 2025, aunque los investigadores no descartan que el número real de víctimas sea mayor, motivo por el cual los hechos fueron encuadrados como abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud mental de las víctimas, además de privación ilegal de la libertad y violación de domicilio.
En tanto, los testimonios recolectados hasta el momento coinciden en describir la existencia de rituales de castigo físico, como laceraciones y caminatas sobre fuego, prácticas que, según relataron las denunciantes, tenían como objetivo anular su voluntad y someterlas psicológicamente. Mientras tanto, la investigación avanza sobre la posible responsabilidad de otros niveles del Senado bonaerense, en un escándalo que no solo expone hechos de extrema gravedad penal, sino que abre interrogantes sobre los mecanismos de control y prevención dentro de la Legislatura provincial.
En cuanto al origen del caso, los primeros episodios denunciados se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años aseguró haber sido contactada por Rodríguez en “ámbitos académicos y políticos” bajo la promesa de una pasantía en la Legislatura, un encuentro que se produjo en un domicilio particular y que habría derivado en un abuso sexual.
En 2016, otra joven de la misma edad denunció haber sido citada a un departamento en La Plata, donde, de acuerdo a su propio testimonio, fue abusada bajo amenazas con armas blancas, hechos que marcaron el inicio de una dinámica que luego se volvería reiterada y sistemática con la participación necesaria de Silva Muñoz.