Los acompañantes terapéuticos de Olavarría llevaron adelante una asamblea abierta para abordar distintas problemáticas que atraviesan su actividad profesional, en un contexto marcado por la falta de avances en políticas públicas clave vinculadas a la discapacidad. El encuentro se realizó con la participación de trabajadoras y trabajadores del sector, junto a la Asamblea de ATS en Lucha Olavarría, y tuvo como eje central la defensa de condiciones laborales dignas y el sostenimiento de las prestaciones.
Durante la asamblea se debatió el impacto que genera el no tratamiento de la Ley Provincial de Acompañantes Terapéuticos, la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la disolución de la ANDIS, situaciones que, según expresaron, profundizan la precarización laboral y afectan directamente la garantía de derechos de las personas que requieren estos acompañamientos. En ese marco, se discutieron colectivamente aspectos centrales del ejercicio profesional, como el valor de la hora de trabajo, los gastos asociados a la prestación y la organización de las condiciones laborales.
Como resultado del encuentro, la Asamblea de Acompañantes Terapéuticos de Olavarría resolvió establecer un valor piso mínimo de $12.000 por hora de prestación profesional, tanto en acompañamientos domiciliarios como en instituciones educativas. Este monto comenzará a regir a partir del primer día hábil de febrero de 2026 y no podrá ser inferior, aunque cada presupuesto se construirá de manera singular según el encuadre de trabajo y las demandas específicas de cada acompañamiento. Además, se acordaron dos instancias de actualización del valor, previstas para los meses de julio y diciembre.
Asimismo, se informó que se encuentra en elaboración un contrato de trabajo que definirá con mayor claridad las condiciones de cada prestación. Dicho instrumento contemplará aspectos como ausencias justificadas, gastos profesionales como monotributo, seguros, viáticos y transporte, el encuadre laboral, períodos de descanso y vacaciones, y la corresponsabilidad en las modalidades de pago. Desde la asamblea remarcaron que esta definición colectiva busca sostener condiciones laborales dignas y garantizar la continuidad de las prestaciones, promoviendo un marco de respeto y corresponsabilidad entre acompañantes terapéuticos, familias e instituciones educativas.