La Cámara de Diputados reanuda el debate en comisión del proyecto de ley, enviado por el oficialismo, que pretende bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal.
En ese sentido, este martes, será la segunda reunión que efectuarán las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Hacienda, y Familia, Niñez y Juventudes para tratar este controvertido proyecto que divide en forma transversal a los legisladores de todas las bancadas políticas.
En detalle, el plenario de comisiones para tratar la baja de edad de imputabilidad a 13 años, comenzará a las 12:00 horas, y será conducido por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, junto a sus pares de Justicia, Manuel Quintar (LLA), de Familia, Roxana Reyes (UCR) y de Presupuesto, José Luis Espert.
Con respecto al temario de este martes fueron convocados a exponer los jefes del bloque del PRO, Cristian Ritondo, de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez, Eugenia Alianiello, y de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez.
Vale señalar que, en la primera reunión celebrada el miércoles pasado lo hicieron el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Soto.
Baja de edad de imputabilidad a 13 años: los principales puntos del proyecto
La iniciativa del oficialismo para bajar la edad de imputabilidad apunta a modificar la ley 22.278 sancionada en 1980 en la que establece que “no es punible el menor que no haya cumplido los 16 años de edad”.
De esta manera, con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, el Gobierno apunta a la construcción de cárceles especialmente destinadas para menores de entre 13 y 18 años.
“En los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad, con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, alegó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, argumentó su pedido de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años al considerar que los preadolescentes de esa edad son “adultos y tienen conciencia” de la criminalidad.
Asimismo, el proyecto establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua, y contempla que los adolescentes apresados cumplan su condena en establecimientos especiales o secciones separadas en los establecimientos penitenciarios.
Además, el proyecto contempla condenas condicionales para los adolescentes, como programas educativos, capacitación laboral, tratamientos médicos y psicológicos, concurrencia al tribunal, así como también la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.
Cabe destacar que Cúneo Libarona ya había anticipado la intención del Gobierno de avanzar en ese foco, con la justificación de que la criminalidad tuvo profundos cambios desde la sanción de la normativa vigente, así como la necesidad de revisar las condiciones de detención de los menores de edad.
Sin embargo, desde el Observatorio de Derechos Humanos de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, señalaron hace varios años que la baja de edad de imputabilidad “no tiene incidencia en la problemática del delito, al contrario, profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez”. (Diputados Bonaerenses)