Tras no llegar a un acuerdo económico por sus honorarios, el abogado Miguel Ángel Pierri no defenderá a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, dos de los jóvenes condenados a la pena de 15 de años de prisión por ser considerados partícipes secundarios en el crimen de Fernando Báez Sosa,
Los familiares de los condenados confirmaron que Pierri no iba a tomar el caso, y remarcaron que Cinalli y Viollaz recibieron "propuestas de otros letrados que se ofrecen a defenderlos sin cobrar por sus servicios".
Pierri les había pedido 200 mil dólares por asumir la defensa a la hora de presentar el recurso ante la Cámara de Casación, donde buscarían bajar sus condenas. El abogado mediático, conocido por llevar adelante causas muy populares, entre ellas la defensa del portero Jorge Mangeri, condenado por matar a Ángeles Rawson, reveló a sus allegados que esa cifra "podría haber sido mayor".
Los padres de los condenados comenzaron a buscar nuevos abogados para sus hijos, ante una presunta disconformidad con respecto a cómo llevo adelante el caso el defensor Hugo Tomei. El plazo para elaborar el recurso vence el próximo martes 28 de febrero.
La semana pasada, Pierri había expresado que los que iban a ser sus defendidos "están mal condenados" por "errores técnicos en la sentencia", y añadió: "Creo que le puedo bajar la condena". Si bien reconoció que todos "son los asesinos de Fernando", remarcó que existen "distintas participaciones".
"El real fiscal de este juicio fue el doctor Fernando Burlando. La causa se la puso al hombro. Mantuvo el interés público y la mantuvo viva. Los testigos estaban bien trabajados", dijo Pierri sobre su colega, quien representó a la familia de Fernando.
Por el crimen de Fernando Báez Sosa, cinco de los ocho jóvenes rugbiers imputados -Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi- fueron condenados a la pena de prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía, mientras que los otros tres, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, recibieron la pena de 15 años de prisión por el mismo delito, pero se les endilgó una participación secundaria.