El Juez Federal, Doctor Gabriel Di Julio quien está al frente de la causa por el descarrilamiento del tren 333, ocurrido el 8 de marzo en Media Estación Pourtalé solicitó informes a las empresas que tienen concesionada la red para poder levantar la medida cautelar dispuesta días atrás.
Este pedido llega en medio del anuncio del Sindicato de Conductores de Trenes “La Fraternidad” quienes informaron un paro de actividades para el próximo 29 de marzo. Según precisaron la medida se resolvió “en defensa de la industria ferroviaria y los puestos de trabajo vulnerados por las medidas judiciales dispuestas al suspender los servicios entre Buenos Aires y Bahía Blanca”.
Sobre la decisión de suspender el servicio, Di Julio sostuvo que fue una decisión para garantizar “la integridad física y seguridad de las personas” y aseguró que si las empresas concesionarias del servicio o la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) “certifican el estado de la red ferroviaria garantizando su seguridad, la medida cautelar se dejará sin efecto inmediatamente”.
Seguido de ello, precisó que “hasta la fecha sólo la empresa SOFSE ha garantizado el estado del tramo correspondiente, que involucra Constitución-Cañuelas” y alegó que por tal motivo “inmediatamente se levantará la medida en dicho trayecto”.
Por otra parte, el Magistrado solicitó a Ferrosur Roca que “en el plazo de 5 días hábiles certifique la seguridad de la vía Cañuelas-Olavarría” y aseguró que “en caso de producirse la certificación” se tomará la misma decisión que con el ramal de Constitución a Cañuelas.
En este sentido, también se le pidió a la CNRT que presente información sobre el estado del tramo Olavarría-Bahía Blanca “e indique si la misma cumple con los requisitos de seguridad exigibles” ya que según precisó el Juez Federal no sólo se trata del tramo donde ocurrió el siniestro sino que “el estado de los durmientes, fijaciones, etc. Y los problemas advertidos por Trenes Argentinos, abre dudas sobre la seguridad operacional de la red”.