El médico neurólogo, Dante Coverti, que recetó el tratamiento dióxido de cloro a un paciente de 92 años con coronavirus que luego falleció, este miércoles quedó imputado en una causa penal, tras los allanamientos al consultorio donde la Policía encontró dosis de la sustancia, que fueron resguardadas como posibles pruebas.
La causa se tramita en el fuero federal porteño por la denuncia del Ministerio de Salud, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó el allanamiento al consultorio con resultados “positivos”.
En tanto, asociaciones científicas denunciaron al juez que posibilitó la aplicación al anciano con coronavirus. Por otra parte, asociaciones científicas denunciaron al juez Javier Pico Terrero, que autorizó el procedimiento, ante el Consejo de la Magistratura.
La investigación se inició por la denuncia presentada ante la Policía “como un hecho de prevención”, y el objetivo del procedimiento realizado fue “preservar la prueba” que fue trasladada al juzgado con sede en Comodoro Py 2002 y ahora “será analizada”.
Durante el allanamiento que se inició el martes pasado poco después de las 21 y culminó a las 23 de anoche, la Policía secuestró historias clínicas y recetas de dióxido de cloro, entre otras evidencias encontradas en el consultorio del neurocirujano ubicado en Ayacucho 626, de la ciudad de Buenos Aires.
La denuncia está vinculada a la supuesta prescripción de un medicamento no autorizado al paciente Oscar García Rúa y que tendría “carácter nocivo” para la salud, un tipo de delito que se investiga en la Justicia federal. Por ello, el médico está imputado y es investigado aunque todavía no se formuló una calificación concreta del delito que podría atribuírsele.
Por su parte las asociaciones científicas denunciaron ante el Consejo de la Magistratura al juez que autorizó la prescripción de dióxido de cloro al paciente de 92 años por presunto “prevaricato” (fallo injusto o incorrecto a sabiendas) y por dictar una resolución “contraria a las normas de salud pública”.
La denuncia fue presentada ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura contra el juez Javier Pico Terrero y se pidió que “en el momento procesal oportuno se impongan las máximas sanciones”.
Entre las denunciantes están la Fundación Huésped, la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, y la Sociedad Argentina de Infectología.
Asimismo, los denunciantes sostienen que “resulta evidente el desempeño apresurado y negligente del magistrado denunciado, toda vez, que más allá de la premura necesaria para dictar una medida cautelar, omitió haber consultado a los organismos correspondientes, como el propio Cuerpo Médico Forense y las sociedades científicas con competencia en la materia”.
Los denunciantes se sumaron a la presentación realizada el martes por el abogado Vadim Mischanchuk ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58, donde señala que se investigue “la posible comisión de una mala praxis jurídica por intromisión en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia médica”.
Este miércoles también se pronunciaron contra el accionar del juez y el médico el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que aseguró esta mañana que “si la Anmat no aprueba el dióxido de cloro, está prohibido y no debe aplicarse a humanos en nuestro país”,
Por su parte la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba), que señaló en un comunicado que “la Justicia ha obligado a nuestros colegas a realizar una práctica que conlleva a riesgos graves para la salud del paciente y que no posee ningún tipo de sustento científico”.