“No estamos pidiendo cualquier cosa”, enfatizó el defensor general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Fernández, al matutino de la vecina ciudad cuando fue consultado acerca de un documento elevado a la gobernación de la provincia por parte, precisamente, de los defensores generales bonaerenses en reclamo de morigeraciones y medidas para evitar el contagio de coronavirus en las sedes carcelarias.
"Cuando se mandó esta carta nuestra idea no era generar alarma social. Todo lo contrario. Va de la mano un poco de la resolución de Casación", añadió el funcionario judicial en alusión al fallo en el que se recomendaron y ordenaron medidas para reclusos que conforman la población de riesgo y cumplen pena por delitos no graves.
Concretamente, según se expresa en la nota, de la mano de la actual emergencia sanitaria y teniendo en cuenta la superpoblación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires se pide conmutación de penas para "las personas privadas de libertad condenadas por sentencia firme con fecha de agotamiento de pena durante el año en curso". También, para las "condenadas por sentencia firme a penas que no excedan de los cinco años de prisión y que durante el año en curso hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional".
"Todavía estamos esperando una respuesta, pero sabemos que se recibió. Otras instituciones se han expresado sobre la necesidad de que se evalúe esta opción. Posiblemente esto que proponemos puede ser una opción que se pueda usar de manera razonable", afirmó sobre la nota en la que "se pone un poco a consideración una herramienta más que también nosotros estamos requiriendo con un uso razonable".
Fernández agregó que se está ante "una crisis humanitaria" y que en frente a ese marco se tiene "un sistema carcelario que está totalmente colapsado" y donde "el hacinamiento determina un montón de otras situaciones de riesgo para la vida y la salud" de quienes forman parte del mismo. "El Estado tiene que garantizar condiciones dignas de encarcelamiento, lo dice la Constitución Nacional”, subrayó.
"Lo de descomprimir esas situaciones de hacinamiento en las cárceles se planteó, en primer lugar, para las personas que integran grupos de riesgo. El fallo de Casación dice que en casos de delitos no graves hay que tener en cuenta que se puede evaluar el arresto en domicilios o que se deben dar garantías para que dentro del alojamiento en las prisiones esas personas puedan ser resguardadas en su salud. Hay personas de más de sesenta años, mujeres embarazadas con chicos, otras que han tenido afecciones respiratorias graves, que han sido trasplantadas, están bajo diálisis o con cáncer. El fallo le pide a la magistratura que evalúe si concede el arresto o, de lo contrario, que garantice medidas de protección. Es un fallo importante porque establece parámetros y ordena pautas. Establece un universo de casos y pide que esos casos se vean. Pero, por supuesto, nunca ese fallo de Casación va a reemplazar al juez del proceso", indicó el Defensor General de Azul.
Fernández señaló que pidió a las autoridades de los complejos penitenciarios situados en el ámbito del Departamento Judicial Azul "que requieran la colaboración del Ministerio de Salud y del Instituto Zonal de Epidemiología para ver cuáles son las medidas que se deben tomar con aquellas personas que quedan en prisión pero que están dentro de ese grupo de riesgo. De qué manera se garantiza la salud, si se los aloja de manera diferencial o se busca un pabellón separado para ellos. Concretamente, pedimos que sean quienes saben los que puedan informar y, al mismo tiempo, asesorar a las autoridades del Servicio Penitenciario para ver cómo proceder".
Según explicó, "los pedidos tienen una naturaleza preventiva por dos motivos. En primer lugar, los casos de situaciones de personas que están en grupos de riesgo. El grupo de riesgo lo que habilita es a una medida de protección especial. Si llega a tener contacto con el virus, si se llega a contagiar, puede ser una persona más vulnerable frente a la enfermedad, por lo que se busca una protección del grupo de riesgo. Después, también es importante pensar que lo que se tiene que buscar es descomprimir la situación de hacinamiento porque en las cárceles es imposible practicar el distanciamiento social en el que estamos todos inmersos. Entonces, también me parece que es importante que se pueda pensar en la posibilidad de que, por lo menos, pueda haber un camino para descomprimir esos cupos carcelarios. Nosotros hablamos de un cupo judicial en ese sentido, pero ninguna de las cárceles lo ha respetado. Todas tienen números muy por encima de ese cupo judicial. Y esto significa que también tenemos que tratar de ir viendo y acomodando esos cupos de manera razonable para tratar de que si ingresa el virus en la cárcel realmente pueda impactar de manera baja. No sólo en la cárcel, también en la comunidad toda".
"Se tienen que tomar medidas razonables para manejar la situación. A la ciudadanía no debe transmitírsele que esto es una especie de liberación masiva de presos, porque tampoco lo está siendo. Eso es falso", concluyó.
Fuente Diario El Tiempo de Azul