Organismos de Derechos Humanos, Universidades Públicas Nacionales con programas educativos en cárceles, colectivos militantes con trabajo en contextos de encierro, grupos de familiares y liberados/as, Centros de Estudiantes Universitarios que funcionan en Unidades Penales, referentes en la temática y adherentes manifestaron su “extrema preocupación por la situación de tensión y violencia que empeora día a día en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires”.
Denunciaron “una situación límite” y realizaron “un llamado a las máximas autoridades de los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires, en función de la gravedad y la urgencia que esta situación amerita”.
Para los firmantes, “la crisis habitacional y sanitaria, sumada al deficiente acceso a la justicia que caracterizan las cárceles producto de la acumulación de políticas restrictivas y punitivistas, se profundizan con la pandemia. Hoy las instituciones de encierro provinciales están al borde de una catástrofe, impedidas de garantizar las condiciones de aislamiento social necesarias para prevenir el contagio. Es necesario tomar decisiones que descompriman rápidamente la superpoblación para así reducir el hacinamiento y preservar la vida de las personas privadas de su libertad” explicaron.
Además, consideraron que “las personas que sean liberadas deben ser acompañadas rápidamente por organismos oficiales en el acceso a las políticas de contención desplegadas por el estado frente a la emergencia sanitaria y la situación económica”.
A su vez, observaron “cómo desde distintos ámbitos ejecutivos y judiciales se han elaborado propuestas, sumado voluntades, implementado políticas y dictado resoluciones con impactos positivos” pero advirtieron “que en este grave contexto resultan todavía insuficientes”.
Afirmaron que “el escenario se acelera rápidamente, producto del avance del Covid-19 en las cárceles, con casos confirmados de al menos una persona privada de la libertad y de múltiples agentes penitenciarios, sumados a decenas de casos sospechosos” y señalaron que “la población privada de la libertad además, plantea temores entendibles sobre la capacidad del sistema penitenciario de contener y prevenir un brote de la enfermedad cuando las condiciones de atención de la salud no están dadas para el sostén de las necesidades básicas de la población, todo lo cual se profundiza explosivamente con las injusticias estructurales que se viven desde hace tiempo en las cárceles”
Los sucesivos reclamos “que han desencadenado en situaciones violentas que deben ser aclaradas, son expresión de la gravedad y la urgencia de la situación. Las personas detenidas ponen en riesgo su integridad física y su vida en huelgas de hambre y protestas, sin otro fin que el de visibilizar la crítica situación en la que viven, aún cuando se sigan vías de diálogo como la presentación de escritos y recursos judiciales, que son vistos como insuficientes e ineficaces en la consecución de resultados concretos y efectivos. A esto se le suma el difícil acceso a información oficial, que sea clara y precisa dentro de las cárceles” agregaron.
Plantearon que estas situaciones también ponen en riesgo al personal penitenciario que trabaja en las Unidades Penales
“La vida de las personas detenidas no puede esperar. Es tiempo de que los poderes de la Provincia, como garantes frente las personas privadas de la libertad, actúen con urgencia, tomando las medidas necesarias para revertir los índices de sobrepoblación existente en las cárceles bonaerenses, que colocan al colectivo de personas privadas de libertad en una clara situación de riesgo frente al COVID-19, como también a sistemáticas vulneraciones de sus derechos” finaliza el documento.
Entre una gran cantidad de firmantes se encuentran áreas o grupos de universidades públicas nacionales con trabajo en contextos de encierro nacionales y de la provincia de Buenos Aires, organizaciones de DDHH y colectivos con trabajo en cárceles, con familiares o liberados/as, centros de estudiantes universitarios de unidades penales, facultades, áreas e institutos de universidades públicas nacionales y numerosas adhesiones particulares (referentes, familiares y allegados/as de detenidos/as, docentes en contexto de encierro, personas interesadas)