Tras la declaración de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, el concejal del interbloque del Frente de Todos, Ubaldo García, dialogó con Infoeme acerca del “estado económico” del Municipio y las causas que generaron esta situación: habló de una “mala administración” pre-pandemia y que hoy generaron más complicaciones en las arcas municipales.
En primera instancia, señaló que “todos sabemos que la situación de pandemia que se vive realmente trae muchísimos inconvenientes en lo económico” y que “hoy por hoy, no podemos cuantificar el daño que va a causar, por ejemplo a nivel empresarial”.
Metidos ya en el caso municipal, “lo que queremos dejar en claro que acá hay una situación que hay que desagregar en dos partes. Por un lado el Municipio ya venía mal administrado y con problemas antes de la pandemia. Y por supuesto esta situación a partir de abril con la caída de la recaudación se va a agravar. Cuando se trató el Presupuesto en diciembre algunos puntos marcamos, la administración del Municipio venía con serios inconvenientes”.
Mencionó como ejemplos “que no se pudo entregar el kit escolar, venía con atraso de proveedores de 90 a más días también, cuando en líneas generales se pagaba con cheque a 30 días, 45 días. Los atrasos sos sustanciales”. Incluso García denunció que “en diciembre estaban llamando por teléfono, trataban de consensuar con los proveedores, pero había un problema económico que el Municipio arrastraba, que son claramente antes de la pandemia”.
El valor de recordar esto, para el concejal, es que no se “tape ni esconda una problemática que venía con otra que se generó y que tiene magnitudes incalculables hasta el momento. Pero es importante que no perdamos de vista que el Municipio debe mejorar esta administración, debe administrar mejor los recursos entre otras cosas para poder hacer frente a una pandemia de esta naturaleza. Hoy es este problema, como pueden ser muchísimos”.
Uno de los puntos de la declaración de Emergencia que preocupa a los concejales del interbloque del Frente de Todos es el que “se permite la rescisión de contratos eventuales, prejubilaciones, adelanto de jubilaciones”, y sobre ello dijo que “esto va a contrapelo de lo que está haciendo Nación y Provincia, y a contrapelo de lo que hace falta en este tipo de crisis que la gente necesita la contención del Estado en todos sus estamentos”.
“Siempre decimos que el Municipio gasta mucho en sueldos, el 56% del presupuesto. Si en estos últimos 4 años tuvo el ingreso de nuevos trabajadores de la forma que sucedió, debería tener servicios adicionales, financiamiento adicional para solventar eso. Que ingrese más gente al Municipio no está mal en tanto y en cuanto ese Municipio preste más servicios”.
E insistió: “No estamos en contra de que el Municipio tome gente, estamos en contra de que no tenga un financiamiento adecuado y genere este tipo de problemas”.
Y para dejarlo aún más en claro, indicó de forma contundente que “no es el momento de hacer un ajuste en la planta municipal. En medio de la pandemia, de esta crisis. Pasa en Cultura, tenemos casos puntuales de una jubilación anticipada que genera una incertidumbre y la búsqueda de alternativas que hoy por hoy es imposible”.
“Deberíamos mínimamente dejar lo que es contratos, jubilaciones y demás dejarlo “stand-by” hasta que esta situación de pandemia se regularice y la economía empiece a andar otra vez sobre rieles”.
Repasó frases de Galli en campaña vinculadas a tener “una autonomía municipal” con respecto a financiamiento de Provincia y Nación, y “uno de los puntos de la Emergencia es la caída de la Coparticipación, hay gran contradicción”. Y denunció un “exceso de gastos en materia social y de subsidios durante 2019 que también generaron esta situación”.
Si despiden trabajadores “van a agravar un problema social y se perjudicará la actividad económica”. De todos modos, el concejal dijo que “apoyamos desde el punto de vista de salubridad y todo lo que ha hecho el Municipio, no podemos dejar de decir que creemos que es una decisión incorrecta que es la suspensión y despido de trabajador. En el decreto a nivel nacional está prohibido por 60 días. Esa es la sintonía que hay que tener” y comparó con casos privados: “En Olavarría sabemos de casos de muchísimas empresas que están haciendo un enorme esfuerzo para no despedir gente”.
Para cerrar, añadió que “por más que sea planta política” no se debe “cesantear contratos. Cuando haya estabilidad política sí, se deberá reveer toda esta situación, pero hoy no” finalizó.