Pacientes con coronavirus: “El linchamiento público es un riesgo”

Transitamos una época de emergencia sanitaria y de aislamiento social para frenar la propagación del Covid-19. En este contexto, ¿qué pasa con la privacidad de los pacientes?. En Azul por ejemplo los nombres de una pareja con la enfermedad circularon en innumerables redes sociales.

La Ley 26.529 sobre los Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud establece en su artículo 2° inciso d la confidencialidad: “el paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente”.

 

El interés público despertado a raíz del Covid-19 puso en escena el derecho o no a conocer la identidad de los pacientes. Es más, en la vecina ciudad de Azul hace pocas horas el hijo de una pareja que dio positivo por coronavirus se vio “obligado” a aclarar rumores que circulaban en redes sociales dando datos y opinando sobre el comportamiento de sus padres.

 

Desde Infoeme y consultadas fuentes especializadas en la materia se expuso que ante esta situación de emergencia sanitaria se ponen en juego dos principios: la privacidad versus la seguridad de la salud pública. Y en estos tiempos de coronavirus, la privacidad parece ceder mucho.

 

Sin embargo, los especialistas insistieron en analizar cada caso y prestar atención a lo que deciden las autoridades de aplicación. Coinciden en que “el paciente enfermo de coronavirus obviamente tiene la misma expectativa que otros pacientes que no se difundan sus datos” aunque “la salud pública suele ser una gran excepción a todas las garantías a las que estamos acostumbrados”.

 

En la sugerencia de evaluar cada caso se indica que por ejemplo si un profesional de la medicina se contagia, es importante que se sepa porque entonces los que hayan tenido contacto con él serían casos cercanos. En cambio, si es un particular, con aislamiento domiciliario, el paciente puede o no consentir que se difundan sus datos.

 


Es importante resaltar que siempre hay una investigación epidemiológica y la idea es que los comités de crisis o los encargados de epidemiología son las autoridades de aplicación que en este caso hacen el seguimiento. No es lo mismo conocer la identidad de un paciente con mucha circulación social que un particular que tuvo contacto con dos o tres personas.

 

Advirtieron que el linchamiento público es un riesgo y que estos casos son difíciles, están destinados al comité de ética. Aseguraron que si está comprometida la salud pública la autoridad epidemiológica tomará una determinación para proteger a la mayor población posible.

 

Parece ser que estamos en una situación que pone en juego toda la estructura normativa y toda la creencia que teníamos de cómo funciona la sociedad. Así, se sostiene que la salud pública es un bien mayor, porque sin salud, sin vida, no hay ningún otro derecho.

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