Tal como reconoce la Ley 26.130, las esterilizaciones son un método anticonceptivo que, como cualquier otro, debe ser elegido por la persona -con o sin discapacidad- que lo va a usar, quien debe brindar el consentimiento informado. Esto significa que no se puede esterilizar a una persona sin su consentimiento y que nunca se debe solicitar el asentimiento de terceras personas (tales como familiares de la persona con discapacidad) o una autorización judicial.
Pero en Argentina, muchas personas con discapacidad -especialmente, mujeres con discapacidad- son sometidas a esterilizaciones forzadas y no consensuadas. La iniciativa #BastaDeEsterilizacionesForzadas, impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CLADEM Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), FUSA Asociación Civil y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y realizada en el marco del “Proyecto DeSeAr con inclusión“, promueve la modificación de los artículos 2 y 3 de la Ley 26.130 como paso fundamental para erradicar estas prácticas.
“La problemática es que en la práctica muchas personas con discapacidad, especialmente mujeres con discapacidad, son sometidas a esterilizaciones forzadas y no consensuadas. Eso quiere decir que se las esteriliza sin su consentimiento o con un consentimiento viciado o incluso sin su conocimiento, muchas veces ocurre que en el marco de otro procedimiento se las esteriliza sin siquiera consultarle, es una práctica muy invasiva y que atenta directamente con diversos derechos humanos que están protegidos por la normativa internacional”, dijo Dominique Steinbrecher, abogada de la institución Acij
Sin embargo, el artículo 2 de la Ley 26.130 sólo habilita a las personas sin restricción judicial de la capacidad jurídica y mayores de edad a brindar el consentimiento para las esterilizaciones. Si la persona fue declarada incapaz en sede judicial, la práctica debe ser solicitada por su representante legal y autorizada por el Poder Judicial. Esto lesiona el derecho de las personas con discapacidad a una vida libre de violencia basada en género y a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás, entre otros derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Estas prácticas son avaladas por la ley 26.130 de Contrasección Quirúrgica, y además de eso está aceptada socialmente, porque todavía existe una concepción que representa a las personas con discapacidad como dependiente, una concepción que no va en línea con el modelo social de la discapacidad que propugna por una vida independiente, porque las personas puedan tomar libremente sus decisiones, por el derecho de poder tener una planificación familiar, si es que es su deseo hacerlo. Esta ley avala esta práctica al permitir la supresión de la voluntad en operaciones de este tipo”, aseguró Steinbrecher.
“Es fundamental brindar información fidedigna y accesible, para evitar consentimientos viciados, más en un marco a todas luces contrario al del ámbito jurídico internacional y, sobre todo, a los derechos con personas con discapacidad. Incluso el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es el órgano encargado de monitorear la aplicación de esto en los diferentes sectores, mostró preocupación por la asistencia de estas prácticas en Argentina y sugirió al estado la modificación de la ley que las avala”, aseguró la abogada.
Bajo el hagstag #BastaDeEsterilizacionesForzadas, las organizaciones involucradas en esta iniciativa piden por la reforma de la Ley 26.130 “como un paso ineludible y fundamental que el Congreso Nacional debe dar de forma urgente para erradicar las esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad y avanzar en el pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales, de conformidad con los estándares internacionales en la materia”.