El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una Ordenanza que establece una reducción de 50% en la Tasa de Seguridad e Higiene hasta fin de año para monotributistas, comercios y empresas con facturación de hasta 10 millones de pesos pero rechazó por mayoría – con votos de Cambiemos, Radicales Convergentes y Frente Renovador- una serie de propuestas opositoras en particular, entre ellas la declaración de la Emegencia Pyme.
Se sancionó de modo unánime la creación de una Mesa de comercio y las Pymes para monitorear la situación del sector. Por mayoría, se votó otorgar la facultad al Intendente para prorrogar la medida hasta seis meses en 2019 , en caso de ser necesario, – con votos negativos del eseverrismo y el bloque de los Trabajadores dado que consideran que es una facultad que ya tiene el Ejecutivo- y suspender por 180 días la ejecución fiscal de deudas (propuesta de Cuidemos Olavarría).
Se aprobó facultar al Intendente para crear un plan de pago a los morosos que solo accederán al beneficio cuando se adhieran a la refinanciación y se rechazó una iniciativa de Juan Sánchez que buscaba incorporar un artículo para que el descuento impositivo alcance únicamente a aquellos comercios e industrias que mantengan la misma planta de trabajadores (vigente al 31 de julio).
La presentación inicial por parte del bloque de Cambiemos estuvo a cargo de la concejal Celeste Arouxet. Explicó el alcance del proyecto del Ejecutivo y si bien reconoció que implica una “disminución” en los recursos municipales aseguró que “no se ve comprometida la situación del Municipio” y que “busca generar una mejora al sector”.
Precisó que la aplicación se realizará de “manera automática” pero aquellos contribuyentes morosos deberán adherirse a un plan de pagos para acceder al beneficio.
Desde Radicales Convergentes, Gabriela Delía, valoró la propuesta oficial pero pidió “incorporar a morosos” y analizar la “posibilidad de extender en 2019” el beneficio de ser necesario. Se refirió a los inconvenientes para Pymes y comercios aunque situó la situación como “un problema nacional y provincial”.
Consideró conveniente impulsar una Mesa de diálogo para monitorear la situación del sector.
Por el bloque “Cuidemos Olavarría”, Eduardo Rodríguez valoró el “reconocimiento que hace el Ejecutivo y el bloque oficialista sobre la realidad del sector” pero se refirió a una situación mucho más compleja, para retomar el proyecto presentado por su espacio en 2017 con el fin de declarar la Emergencia Pyme.
“Nos hubiese gustado que esté la voluntad política para tratarlo antes” dijo y retomó las palabras de referentes del sector que indicaban “situación se agudizó y continuó en el tiempo”.
Consideró que para algunos la palabra “Emergencia” implica “una situación irreversible” pero “a nosotros nos parece que es una herramienta para anticiparse de esa situación” advirtió.
Además consideró necesario crear una “Mesa de Comercio y Pymes que integre al Ejecutivo, el Poder Legislativo, las cámaras, entidades del sector y la Facultad de Ingeniería”.
Pidió plantear un sistema de financiación del pago para regularizar la situación de los morosos dado que “con la cobrabilidad del 50% solo serían poco más de 3000 beneficiarios y no los 7 mil que plantea el Intendente” y demandó agregar un artículo de “suspensión de las ejecuciones fiscales”.
“Vamos a acompañar la propuesta del Intendente pero al momento de la votación particular vamos a sostener los agregados” anticipó, para luego, en la discusión en particular, pedir la declaración de la emergencia y la excepción de pago a morosos. Únicamente prosperó una iniciativa para suspender por 180 días la ejecución fiscal de deudas y la creación de la Mesa de Comercio y Pymes - espacio que también demandaron espacios como el Frente Renovador y Radicales Convergentes-.
Desde el Frente Renovador, Emilio Vitale “saludó la iniciativa” y propuso modificaciones.
Indicó que existen “diversos criterios en los diagnósticos entre los representantes de las organizaciones” para luego proponer “una mesa de diálogo que permita escuchar e intercambiar ideas”.
“Más que la emergencia es la urgencia de la situación. La medida contempla la reducción de pago con posibilidad de la prórroga” continuó.
Desde Unidad Ciudadana, Federico Aguilera se mostró a favor de la rebaja impositiva pero consideró que “esta medida es un simple paliativo que no va a aportar una solución a la problemática”.
Situó el debate en un contexto en el que “la economía está en picada” producto “de medidas adoptadas por el Gobierno. La situación de las pymes y el comercio es producto de la apertura de exportaciones, el aumento de las tarifas, el valor del dólar” y la implementación de políticas “destinadas a fomentar la timba y la especulación financiera por sobre la producción”.
Con estas medidas económicas la tormenta y la inundación se va a seguir profundizando
“No podemos esperar al cierre de fábricas y despidos para discutir si hay emergencia o no. La mejor opción era declarar la emergencia. No entiendo cual es el resquemor con la palabra Emergencia. El agua le está llegando al cuello a muchos” agregó para luego citar cifras relevadas por la Multisectorial “Unidos contra el ajuste”: “Los datos nos decían que el 57% de los comerciantes ha reducido sus ingresos en los último dos meses” ejemplificó.
Luego retomó la palabra Celeste Arouxet por Cambiemos y se produjo un fuerte cruce con Federico Aguilera.
Germán Aramburu (Unidad Ciudadana) pidió “dejar de hablar de cuestiones climatológica y plantear soluciones”.
Durante la votación en particular, el concejal Juan Sánchez (Bloque de los Trabajadores) afirmó que “esto es una crisis, no una tormenta por medidas macroeconómicas” y consideró que se trata de una “medida tardía que se podía haber tomado con anticipación”.
Además pidió incorporar un artículo que otorgue el descuento impositivo únicamente a aquellos comercios e industrias que mantengan la misma planta de trabajadores vigente al 31 de julio pero la propuesta fue rechazada.