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Senado aprobó la Ley Micaela: funcionarios deberán capacitarse en materia de género

Propone la creación de un "Programa nacional permanente de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres" y se destinará a personas que trabajen en la función pública.

 

Este miércoles, el Senado de la Nación aprobó -con 59 votos a favor- la "Ley Micaela García". La iniciativa obliga a todos los funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado a recibir una capacitación en materia de género.

 

Tomó ese nombre en homenaje a la joven de 21 años que fue víctima de un femicidio en abril de 2017 en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos.

 

Principales puntos del proyecto:

  • Todas aquellas personas que trabajen en la función pública, en cualquiera de los tres poderes y cualquiera sea su jerarquía, serán obligatoriamente capacitadas "en la temática de género y violencia contra las mujeres".

 

  • Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), a cargo de María Fabiana Túñez, hacer aplicar la ley. Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática

 

  • En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por "las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país".

 

  • El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley.A través de su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado. También realizará informes de seguimiento sobre su impacto.

 

  • Será considerada como "falta grave" pasible de una sanción disciplinaria que algún empleado público se negase, "sin causa justa", a participar de las capacitaciones.

 

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