La fiscal Viviana Beytía solicitó una pena de tres años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación profesional para los tres médicos del Hospital acusados de “Homicidio culposo” por la muerte de Lorena Huaiquimil, la mujer de 36 años que falleció a causa de una hemorragia interna tras ser herida de arma blanca y cuyas lesiones no habrían sido curadas correctamente por el personal médico, según la parte acusatoria.
Por el hecho se encuentran imputados los médicos María Paula Téllez González, Lucía Digonzelli y Alejandro Alamo, quienes afrontan cargos por el delito de “homicidio culposo” en calidad de coautores.
La audiencia dio inicio pasadas las 08:00 en el Juzgado Correccional de Olavarría que preside la Dra. Cecilia Desiata.
Tras la negativa de poder sumar un último testimonio dieron inicio los alegatos con la presentación de la fiscal Viviana Beytía.
La titular de la UFI 10 ratificó la acusación contra los tres médicos y habló expresamente de "negligencia en el arte de actuar". También dio cuenta de "maniobras inidóneas” y la "no utilización de recursos de diagnóstico".
En algunos tramos de su extenso alegato habló de diversas "omisiones", además de la "pérdida de oportunidad de curación".
Ponderó los aportes y conceptos de los distintos testigos que tomaron parte del debate, con especial énfasis en la doctora Mirta Mollo, de la asesoría pericial de Junín.
Cuestionó el desempeño de los profesionales del Hospital Municipal, a quienes acusa de haber cometido un "error grosero de diagnóstico y tratamiento", a medida que daba cuenta que la única intervención quirúrgica a la que se la sometió fue una sutura a las 7.30 y que luego no se la reevaluó teniendo "todos los recursos a su alcance”. Vale destacar que Huaiquimil abandonó el centro asistencial alrededor de las 18:00 de ese día.
La fiscal Beytía consideró que lo hecho por los médicos se trata de "distintas conductas pero íntimamente relacionadas entre sí".
Sobre los cirujanos, Álamo y Digonzelli, dijo que “tenían conocimiento y autonomía y solo se limitaron a la sutura de la herida” y sobre la doctora Téllez, de la guardia de adultos, le reprochó que en la continuidad de la internación realizó una "tarea de sostén equivocada" y "no interpretó los signos clínicos y posibilitó la salida anticipada".
Dio cuenta además, citando de nuevo a Mollo, que a Huaiquimil "se le quitó la oportunidad de vivir, la cual era del 50%".
Además afirmó que hubo un "doble acto negligente en relación a la misma paciente".
Con todo ello requirió la pena de 3 años en suspenso y 5 de inhabilitación para el ejercicio de la medicina por el delito de homicidio culposo, sin eximentes, como agravante la extensión del daño causado por lo joven de la víctima y madre de una hija de 11 años al momento del hecho y como atenuante la inexistencia de antecedentes penales
Luego tuvo lugar el primer alegato de la defensa, con la doctora Elda Donatelli, quien representa a la doctora Téllez.
Solicitó la nulidad de la acusación y requirió la absolución de su defendida, dio cuenta de una "clara ausencia en la determinación del hecho" y que, en el caso particular de su clienta, no se detalló "ni clara, ni precisa, ni específicamente" cuál fue la conducta que se le reprocha penalmente.
En la continuidad de su alegato la doctora Elda Donatelli avanzó también sobre la presunta conducta de la víctima quien, según expuso, "hizo caso omiso al consejo médico", asegurando que Huaiquimil "se retiró sin alta médica", contradiciendo de manera directa lo sostenido desde la querella. Habló expresamente de "fuga" y de "ocultamiento de prueba" por parte de la fiscalía.
Sobre el cierre de su intervención la doctora Elda Donatelli enfatizó que la víctima "se autopuso en peligro" cuando se escapó "por su propia voluntad".
Consideró que con ello su defendida, la doctora Téllez, dejó de ser la "garante" de su condición médica y que no hubo "violación del deber del cuidado" alguna por parte de su clienta cuando la paciente estuvo en el hospital.
Sobre esto último avanzó cuando habló acerca del denominado "principio de confianza" acerca de cómo la doctora Téllez tomó intervención con la víctima dos horas después del ingreso de la misma, cuando ya había sido y atendida por no menos de tres profesionales médicos. Con ello reiteró el pedido de absolución, al cual amparó también en el "beneficio de la duda" y manera subsidiaria requirió el mínimo de la escala penal.
Tras un breve cuarto intermedio, dio comienzo el alegato del doctor Julio Vélez, quien representa a los cirujanos Lucía Digonzelli y Alejandro Alamo.
Con una enfática intervención avanzó directamente sobre la figura de la fiscalía, cuestionando severamente el desempeño en cuanto al "criterio" y "deber" de objetividad, además de dar cuenta de su "preocupación" ante un incumplimiento de la "regla de lealtad procesal".
También, acompañando lo dicho por Donatelli, cuestionó la falta de precisiones en la distinción de la conducta de los acusados y por ello consideró que una "imputación genérica" es "impertinente".
A la par encuadró como "incongruente" y "contradictoria" a la labor de la fiscalía a medida que repasaba numerosos cuestionamientos. Como conclusión requirió también la absolución de sus defendidos.
Por último hubo tiempo de réplicas. La fiscal Viviana Beytía tomó nuevamente la palabra y respondió los contrapuntos de la defensa y enfatizó que no solo en este hecho, sino que en todas las causas desarrolladas desde la UFI 10, se rige por el “criterio objetivo”. Fue allí también que ratificó las acusaciones vertidas en su alegato
Tras el cierre del debate, la Jueza Cecilia Desiata fijó para el viernes 14 a las 10:00 la fecha para la lectura de sentencia.