Desde el Colegio de Ingenieros de la provincia recordaron que "un ingeniero agrónomo matriculado" es el único profesional autorizado para "recomendar, dosificar e indicar las formas de aplicarlo, incluyendo las condiciones atmosféricas que deben respetarse para obtener un tratamiento eficiente y sin riesgos para quien lo aplica, y para toda la población" con cualquier pesticida.
"Los agroquímicos, como los remedios, deben ser utilizados por los profesionales preparados para ello, que son los ingenieros agrónomos. Cada aplicación debe ser recomendada, receta mediante, por un profesional que seleccione el producto necesario para combatir la plaga de que se trate y en la dosis adecuada que no comprometa la salud de los seres vivos que habitan nuestra provincia", advierte el comunicado del Departamento de Ingeniería Agronómica (DIA) del CIPBA.
En ese sentido, cabe recordar que está vigente el protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), en el que la intervención del profesional asegura una determinada calidad de producto sin daños a la salud de los consumidores y sin impactos negativos al ambiente, utilizando las más variadas técnicas de manejo, las que no necesariamente implica el uso de agroquímicos.
En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Agroquímicos Nº 10.699/88 y su decreto reglamentario 499/91, que establecen cómo deben aplicarse los agroquímicos, el uso de la Receta Agronómica, la intervención profesional requerida y quiénes son los responsables del control de aplicación de dicha ley.
"Lamentablemente la Provincia ejerce una exigua fiscalización: las agroquímicas venden estos productos sin exigir la receta obligatoria, y los mercados concentradores no tienen ningún control sobre los productos que reciben y luego expenden a los consumidores", remarcaron desde el DIA.
Los profesionales reclamaron el cumplimiento de las leyes y "que el Estado controle el uso adecuado de los agroquímicos, exigiendo la receta fitosanitaria, que los productores sean conscientes de que están comprometiendo la salud de la población, y que los consumidores también revisen los productos que llevan a su mesa, solicitando un sello de calidad controlado de los mismos".
"Sabemos que esto es difícil de concretar dado que hay muchos intereses económicos en juego, pero creemos que es el camino correcto para salvar los problemas que nos están aquejando actualmente como sociedad, ya que comemos y vivimos como cualquier ciudadano", dice el mensaje, que insiste sobre el final: "Que se cumplan dichas normas, que exista un control fehaciente por parte del Estado, autoridad de aplicación de la normativa, en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal. Además debe crear las condiciones para poder controlar toda la cadena de producción, transporte, distribución, venta y aplicación de los agroquímicos".