La Legislatura bonaerense sancionó en la noche del jueves la reforma impositiva cuyo mayor impacto social y mediático fue por el articulado que alcanza al sector agropecuario, pero que además alcanzará a otros rubros de la economía bonaerense.
Implica la inmediata entrada en vigencia de aumentos y eliminación de exenciones en cuatro impuestos, así como la ampliación de la autorización de nuevos endeudamientos para el Estado provincial y para la emisión de bonos que se utilicen para financiar gastos de los municipios.
Se dispuso aumentar del 3% al 3,5% la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos para todo tipo de comercio mayorista y minorista que facture entre un millón y 30 millones de pesos anuales, y un incremento del 4,5% al 5% para los negocios que superen ese techo. Entra en vigencia el 1º de junio y tendrá impacto sobre los precios de venta de la mayoría del comercio de la Provincia, ya que sólo quedan excluidos los pequeños locales.
Se eliminó la exención del impuesto a los Ingresos Brutos para los servicios de televisión por cable, satelital, codificada y por circuito cerrado, que a partir de ahora tributarán con una alícuota del 25.
Ingresos Brutos también aumentará -con una suba de la alícuota del 4,5% al 5,5%- para las comunicaciones telefónicas. Y la telefonía celular, gravada hasta ahora con el 6%, pasará a tributar el 7%.
Los ajustes en ese tributo se completan con un aumento del 6% al 7% en de la alícuota con que se calcula el monto a pagar por los servicios bancarios, financieros y bursátiles.
Por otra parte, la ley sancionada dispone una ampliación de la autorización al Poder Ejecutivo de la Provincia para emitir Letras de la Tesorería por 2 mil millones de pesos, de modo que en total el gobierno de Scioli podrá tomar financiamiento por esa vía por 5 mil millones de pesos.
Y se autorizó, asimismo, al Ejecutivo provincial a emitir bonos por 400 millones de pesos para destinar al financiamiento de gastos de los municipios.
Tributos del campo
Ocurre que un capítulo central del ajuste impositivo sancionado recae sobre el campo, a partir del aumento de las valuaciones rurales. La magnitud del revalúo genera controversia sobre su impacto sobre los impuestos, ya que el Gobierno afirma que no alcanza al 60% de los campos y desde las entidades dicen que el aumento de las valuaciones son de hasta el 2.000%, y se convirtió así en el eje de las discusiones y las protestas en torno del ajuste impositivo.
Finalmente, Scioli dispuso sin cambios el aumento de las valuaciones originalmente previsto, aunque se resolvió que, para calcular el Inmobiliario Rural del segundo semestre, se utilice el 50% de esa suba. El posible escalonamiento, impulsado por la oposición, de la aplicación del resto del incremento del revalúo a lo largo de cinco años, en tanto, no fue definido.
