Con la espada de Damocles de “El Niño” pendiendo sobre esta parte del mundo, y Olavarría en particular, un informen del CEPA (Centro de Economía Politica Argentina) denunció que los fondos que debían destinarse para obras hídricas fueron desviados por el Gobierno nacional a la especulación financiera.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), creado por el Decreto 1381/01, se financia con el 4,31% del impuesto a los combustibles y tiene por objeto la ejecución de obras de prevención de inundaciones, saneamiento y recuperación de tierras productivas.
Es, por lo tanto, la principal herramienta nacional para enfrentar los eventos hídricos extremos. De las 24 obras iniciadas con financiamiento del Fondo, 15 fueron canceladas o suspendidas (13 con convenio rescindido y 2 neutralizadas), 8 continúan en ejecución y solo 1 figura como finalizada.
Las obras paralizadas suman contratos por $144.818 millones, el 39,7% del monto total de la cartera, y 7 de ellas se ubican en el conurbano bonaerense. Las que siguen en ejecución concentran $219.573 millones, aunque con niveles de avance muy bajos: ninguna supera el 36%.
Entre ellas se encuentra la ampliación del Río Salado en la provincia de Buenos Aires ($163.131 millones entre sus tres subtramos), clave para la región, donde desemboca entre otros el arroyo Tapalqué.
El Tramo IV Etapa II (subtramo C) tiene un avance del 18,8%; el Tramo IV Etapa II aún no ha sido ejecutado y el Tramo IV Etapa II avanzó apenas el 6,7%, todos ellos en el partido de Roque Pérez.
Al 1 de junio de 2026, el Fondo tenía $290.676 millones colocados en Letras del Tesoro Nacional capitalizables (LECAP), con vencimientos el 17 de julio y el 15 de septiembre de 2026, además de $49.069 millones en cuentas a la vista y $247 millones en plazos fijos.
En total, $339.993 millones, de los cuales el 85,5% de los recursos disponibles estaba invertido en deuda del Tesoro. El dato más elocuente surge del propio flujo del Fondo: entre enero y mayo de 2026, los intereses cobrados por las LECAP ($59.747 millones) fueron prácticamente iguales a lo que se pagó por obras ($61.082 millones).
Es decir, el Fondo creado para financiar obras hídricas funciona, en los hechos, como una fuente de financiamiento del Tesoro Nacional.
Ante situaciones más graves frente a “El Niño”, el SMN pronostica para el trimestre octubre - diciembre de 2026 lluvias superiores a lo normal en el Litoral, el oeste de Santa Fe y el oeste de la provincia de Buenos Aires, y una tendencia a lluvias superiores en el centro-este bonaerense.
En la provincia de Buenos Aires el punto de partida ya es crítico: según la Autoridad del Agua, al 14 de agosto las zonas centro, este y noreste presentaban suelos con humedad superior al 45%, técnicamente “completamente saturados”, y al cierre de julio 58 de los 92 municipios que reportan a la Mesa de Riesgo Hídrico habían superado su promedio de lluvias acumulado.
En junio de 2025, tras la inundación de Bahía Blanca, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, reclamó que el crédito se transfiriera a la Provincia si la Nación no iba a utilizarlo.
En octubre de 2026, la Provincia denunció que esos fondos no se destinaron a obras sino a financiar deuda del Estado.
El 14 de octubre de 2026 se conoció la contracara: el Gobierno, a través del ministro Luis Caputo, negoció y reorientó líneas de financiamiento del Banco Mundial para destinar hasta U$D 4.000 millones a minería, energía y minerales críticos, además de movilizar hasta U$D 10.000 millones junto con la Corporación Financiera Internacional (IFC) para proyectos de la economía real y el apoyo al RIGI.
El financiamiento multilateral para prevenir inundaciones quedó, en los hechos, sin efecto.
A esto se suma el bloqueo de avales para créditos internacionales que gestiona la provincia de Buenos Aires: según el Gobierno bonaerense, la Nación mantiene frenados U$D 620 millones para obras críticas, entre ellas el túnel aliviador de la cuenca San Francisco - Las Piedras (USD 350 millones) y la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Región Capital (USD 270 millones), mientras aprobó 18 créditos para otras 10 provincias por U$D 1.973 millones.
En síntesis, frente a un fenómeno climático anticipado con meses de antelación, el Gobierno nacional rescindió o paralizó 15 de las 24 obras hídricas iniciadas, colocó el 85% de los recursos del Fondo en Letras del Tesoro y dejó sin usar un crédito del Banco Mundial pensado para inundaciones urbanas.
