La presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas sumó en los últimos meses un nuevo foco de preocupación: el impacto que tienen los embargos de cuentas bancarias realizados en el marco de ejecuciones fiscales impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Las empresas no cuestionan la facultad legal del organismo para reclamar las obligaciones impositivas impagas. El problema, según plantean empresarios y especialistas, aparece cuando el procedimiento avanza con rapidez y la inmovilización de los fondos termina afectando el funcionamiento cotidiano de la compañía.
Para una pyme, el dinero depositado en una cuenta bancaria no representa solamente un ahorro o una reserva financiera. Es, en muchos casos, el capital de trabajo que permite pagar sueldos, comprar insumos, cumplir con proveedores, afrontar servicios y mantener la actividad productiva.
Cuando estos fondos quedan embargados, la empresa puede encontrarse ante una situación paradójica: tiene una deuda que debe cancelar, pero al mismo tiempo pierde la liquidez necesaria para continuar generando ingresos y hacer frente a esa obligación.
El impacto puede ser todavía mayor en compañías que trabajan con márgenes financieros reducidos y dependen del movimiento diario de su caja. La imposibilidad de utilizar una cuenta bancaria también puede dificultar el acceso al descubierto, el descuento de cheques y otras herramientas habituales de financiamiento.
En esos casos, las empresas se ven obligadas a buscar alternativas más costosas para sostener la actividad. El uso de otras billeteras virtuales, el descuento de cheques o el financiamiento informal pueden convertirse en mecanismos de emergencia para cubrir gastos que normalmente se pagan desde una cuenta bancaria.
El problema de los tiempos
El eje del reclamo empresario no está puesto en la existencia del embargo, sino en los tiempos que transcurren entre la deuda y la ejecución.
Los especialistas advierten que, cuando una empresa atraviesa una situación de falta de liquidez, una ejecución rápida puede profundizar el problema financiero. Una deuda que inicialmente podría haberse regularizado mediante un plan de pagos puede terminar afectando directamente el flujo de fondos de la compañía.
A esto se suman los costos derivados del proceso judicial, como intereses, honorarios y costas, que pueden incrementar el monto que finalmente debe afrontar el contribuyente.
Desde el sector privado sostienen que debería existir un equilibrio entre la necesidad del Estado de recuperar los recursos tributarios y la posibilidad de que las empresas continúen funcionando mientras regularizan su situación.
La preocupación adquiere especial relevancia en las pymes, que suelen tener menor acceso al crédito y menos capacidad para absorber un shock de liquidez que una empresa de mayor tamaño.
Una herramienta que puede convertirse en un problema operativo
El embargo bancario es una de las herramientas con las que cuenta ARCA dentro de los procesos de ejecución fiscal. Una vez iniciado el procedimiento correspondiente, los fondos retenidos pueden ser utilizados para cancelar las obligaciones reclamadas.
El organismo también contempla mecanismos de regularización y planes de facilidades de pago para determinados contribuyentes, que pueden permitir levantar las medidas cautelares una vez cumplidas las condiciones correspondientes.
Sin embargo, para una empresa que necesita efectivo para operar todos los días, el período que transcurre hasta regularizar la situación puede resultar determinante.
El problema no termina necesariamente en la empresa embargada. Si una pyme no puede pagar a sus proveedores, el impacto puede trasladarse a otras compañías. Si se demora el pago de salarios o se frenan las compras de insumos, también puede verse afectada la actividad económica alrededor de esa firma.
Así, una medida destinada a garantizar el cobro de una deuda fiscal puede generar un efecto dominó sobre toda la cadena de pagos.
El desafío de cobrar sin frenar la actividad
La discusión plantea un dilema para el sistema tributario: cómo garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones sin generar, a través de los mecanismos de cobro, una crisis de liquidez que termine poniendo en riesgo su continuidad.
Para el Estado, el cobro de los impuestos adeudados es una obligación y una fuente central de recursos públicos. Para las empresas, mantener disponible el capital de trabajo es indispensable para producir, vender y generar los ingresos que les permitirán cumplir con sus compromisos.
El desafío está en encontrar un punto de equilibrio entre ambas necesidades.
En el caso de las pymes, la diferencia entre una empresa que logra regularizar una deuda y otra que termina paralizando su actividad puede estar determinada por algo tan simple como la posibilidad de disponer de los fondos necesarios para atravesar el período de dificultad.
Porque, en definitiva, una pyme que pierde su liquidez no solo tiene dificultades para pagarle al fisco: también puede quedarse sin recursos para pagarle a sus empleados, proveedores y acreedores.
