El gobernador Daniel Scioli decidió ayer suspender la aplicación del controvertido adicional sobre los impuestos Inmobiliario y Patentes que deben pagar los contribuyentes que tengan un patrimonio global superior a los 500 mil pesos (gravamen conocido como "impuesto provincial a la riqueza").
Lo decidió luego de que la Corte Suprema de la Nación, como se informó, dictara una medida cautelar para frenar el cobro de ese tributo. Y la decisión del mandatario implicó una pública desautorización al "recaudador" bonaerense, Santiago Montoya, quien el miércoles había anunciado que, pese a la resolución judicial, iba a seguir cobrando el adicional con la única excepción del contribuyente que presentó la demanda que generó la medida de la Corte.
La suspensión del gravamen quedó plasmada en un proyecto de ley que fue presentado ayer mismo en el Senado y que regirá en principio por 60 días, aunque en la práctica se extenderá hasta que la Corte defina si el adicional es constitucional.
La decisión oficial fue por demás sorpresiva, teniendo en cuenta la férrea defensa del impuesto adicional que ensayó durante toda la jornada del miércoles el titular de la Agencia Recaudadora Provincial, Montoya, al anunciar que el tributo iba a seguir cobrando.
Al mismo tiempo que Montoya afirmaba que quienes deben tributar este impuesto tenían que pagarlo, el gobernador Scioli y el vicegobernador, Alberto Balestrini, avanzaron en la decisión de impulsar un proyecto de ley para suspenderlo por 60 días.
Las versiones indican que la Corte podría terminar declarando inconstitucional el impuesto, lo que obligaría a la Provincia a devolver lo pagado o computarlo como crédito a favor del contribuyente. Por esa razón, se habría optado por frenar el cobro.
"Hay que cumplir el fallo”
Scioli justificó ayer la decisión de suspender el cobro del impuesto señalando que "hay un fallo de la Corte y hay que cumplirlo".
De este modo, el Gobernador contradijo las declaraciones que apenas 24 horas antes había formulado Montoya que, a pesar de la medida judicial, había indicado que su intención era seguir cobrando el gravamen, que hasta el momento sólo abonó el 27% de los alrededor de 100 mil contribuyentes de alto poder adquisitivo que deberían pagarlo.
El fallo dictado por la Corte corresponde a una medida cautelar que benefició a un contribuyente que reclamó que ese tributo sea considerado inconstitucional, porque ya lo cobra la Nación (que percibe un gravamen a "los bienes personales", esto es, "a la riqueza"). Pero no se expidió sobre el fondo del asunto, es decir sobre el planteo de inconstitucionalidad del tributo por doble imposición, aunque ordenó abstenerse de cobrarlo hasta que resuelva la cuestión central.
En el fallo, en efecto, la Corte dictó la "prohibición de innovar" al gobierno bonaerense y que se "abstenga de liquidar, reclamar, intimar o proseguir" con el cobro de este tributo.
¿Aumento de impuestos?
El proyecto enviado ayer al Senado suspende por 60 días el cobro del impuesto a la riqueza y autoriza al Ejecutivo a prorrogar ese plazo por el mismo período. Pero el aspecto saliente de la iniciativa es que se da vía libre al Ejecutivo para aumentar impuestos, sin especificaciones, en compensación por la caída de la recaudación que producirá la decisión de no percibir el adicional del Inmobiliario y la Patente.
"Para preservar el equilibrio fiscal, a los fines de obtener recursos sustitutivos de los que se dejen de recaudar como consecuencia de la suspensión dispuesta y durante el plazo de vigencia de la misma, el Poder Ejecutivo podrá propiciar las medidas tributarias que resulten necesarias", indica el artículo 3° del proyecto, cuya redacción amenaza con generar polémica.
Tras recordar el fallo de la Corte, el Ejecutivo señala en los fundamentos de la iniciativa que "hasta que el máximo tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de los adicionales, no se podrá perseguir el cobro de los mismos exclusivamente respecto de los contribuyentes comprendidos en las medidas cautelares ordenadas".
No obstante se consigna que "es evidente que tal situación ha afectado la relación de certeza que es conveniente instaurar y mantener en la relación del fisco con los contribuyentes; generando además una situación de desigualdad entre estos últimos, según hayan o no recurrido a la instancia judicial".
Por ese motivo, y "teniendo en cuenta elementales valoraciones de equidad tributaria, se propicia suspender la exigibilidad" del tributo "hasta que la situación de fondo se defina" en la Corte Suprema.
Finalmente, y tras mencionar el compromiso de equilibrio fiscal asumido por la Provincia, se sostiene en el proyecto que "surge la necesidad de contemplar la facultad del Ejecutivo de propiciar medidas tributarias que resulten necesarias a los fines de obtener recursos sustitutivos de los que se dejen de recaudar como consecuencia de la suspensión de los adicionales".
Fuente: El Día
