A poco de asumir al frente del ministerio de Justicia, Ricardo Casal termina de darle forma a un proyecto de ley que declara en emergencia a la totalidad de la infraestructura del Poder Judicial bonaerense.
La iniciativa, que en breve será elevada a la Legislatura, constituye una herramienta con la que el gobierno de Daniel Scioli busca acelerar las fuentes de financiamiento para obras ya proyectadas y eliminar trabas burocráticas que demoran los trabajos.
En diálogo con diario Hoy, Casal insistió en la necesidad de declarar en emergencia al patrimonio edilicio judicial debido a que "atraviesa una situación muy preocupante" que termina afectando considerablemente la administración de Justicia. "Debemos sacar del medio las demoras burcocráticas y agilizar la disponibilidad de fondos cuanto antes", agregó el funcionario.
La situación de la infraestructura en las dependencias judiciales bonaerenses es por demás precaria. La insuficiencia de personal capacitado y la falta de recursos genuinos constituyen los problemas centrales que meses atrás llevó a la Suprema Corte a calificar de "colapso y saturación" la situación del Poder Judicial bonaerense.
Sanitarios fuera de servicio, oficinas colmadas de expedientes, ascensores fuera de servicio durante meses, escaleras y techos con peligro latente de derrumbe, además de una recurrente falta de espacio conforman las principales deficiencias edilicias de la Justicia provincial. No menos alarmante son los problemas con los servicios públicos que recientemente han afectado a no pocos juzgados.
