El Gobierno puso la reforma de la ley de zonas frías al frente de su agenda legislativa y pretende sancionarla antes de presentar el Presupuesto 2027, previsto para mediados de septiembre. La iniciativa contempla una reducción de los subsidios y, como consecuencia, aumentos en las tarifas de gas para parte de los usuarios alcanzados por el régimen.
El apuro de la Casa Rosada choca, sin embargo, con un Senado que acumula proyectos demorados y exhibe dificultades para avanzar con los textos enviados por el Poder Ejecutivo. La modificación todavía no tiene dictamen y difícilmente pueda discutirse antes de que termine el receso invernal, durante las últimas dos semanas de julio.
La prioridad quedó expuesta durante la primera reunión entre representantes de bloques dialoguistas de la Cámara alta y el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien estuvo acompañado por funcionarios del área energética. Allí, el Ejecutivo planteó la necesidad de destrabar el proyecto antes de comenzar a definir las principales variables del próximo presupuesto nacional.
Con apenas cuatro meses de período ordinario por delante, el panorama no parece sencillo. Si la Cámara baja continúa enviando iniciativas, el Senado podría acumular cerca de una docena de proyectos sin definición. Por eso, el Gobierno deberá acelerar acuerdos o evaluar una prórroga de sesiones, e incluso una convocatoria a extraordinarias, para completar su hoja de ruta antes de fin de año.