Dos urólogos que cumplían funciones en el Hospital “Dr. Héctor Cura” fueron despedidos por el Municipio al detectarse irregularidades en su comportamiento profesional dentro del nosocomio.
La situación se originó a partir de licencias psiquiátricas dentro del Servicio de Urología que los facultativos atribuían a conflictos laborales con quien entonces se desempeñaba como jefe del área.
A partir de las manifestaciones efectuadas por los propios trabajadores y los antecedentes médicos el Municipio intervino para indagar en la situación que los profesionales identificaban como origen del conflicto.
En ese marco y con la aceptación del jefe de área (sin que esto acredite veracidad de lo dicho) los profesionales regresaron a atender pacientes y se dispuso el apartamiento físico y funcional del jefe del servicio, medida que fue formalmente comunicada a ambos profesionales.
Incluso, la propia junta médica interviniente dejó constancia de que los síntomas referidos por los profesionales se encontraban asociados (según el relato de los mismo) a la convivencia laboral con el entonces jefe del servicio.
Ese fue precisamente el motivo por el cual la Administración avanzó con medidas concretas. Una decisión que no fue adoptada de manera unilateral ni sorpresiva.
En reuniones mantenidas con autoridades municipales y personal de Recursos Humanos, los propios profesionales habían manifestado que su regreso al servicio se encontraba condicionado, entre otras cuestiones, al apartamiento del entonces jefe de Urología.
Sin embargo, una vez adoptada esa medida, los médicos no regresaron a sus puestos de trabajo. Por el contrario, comenzaron a incorporar nuevas exigencias para su eventual reincorporación, que se traducían en dejar las tareas que hacían y modificar el funcionamiento del servicio.
Para el Municipio, esos planteos excedían ampliamente el conflicto originalmente invocado y pasaban a involucrar decisiones sobre la integración del equipo de trabajo y la organización interna del servicio, así como facultades que corresponden exclusivamente a la Administración.
En otras palabras, una vez removida la situación que ellos mismos señalaban como causante del problema la reincorporación quedó supeditada al cumplimiento de una serie de condiciones vinculadas a la designación de profesionales específicos y a la conformación del servicio conforme sus propias preferencias.
Por ese motivo, el Municipio entendió que habían desaparecido las circunstancias que justificaban la imposibilidad de retomar tareas y procedió a intimarlos formalmente para que se reincorporaran a sus funciones.
Pese a las intimaciones cursadas, los profesionales no regresaron a cumplir funciones. La Administración entendió que ya no existían motivos objetivos que justificaran la persistencia de la ausencia, especialmente teniendo en cuenta que el factor que había sido identificado como origen del conflicto había sido removido por decisión municipal.
Mientras ambos profesionales sostenían la imposibilidad de reincorporarse al Hospital Municipal en las condiciones dispuestas por la Administración, continuaron desarrollando actividad laboral en otros ámbitos, y al menos una vez usando recetarios del Hospital.
Incluso, uno de ellos realizó viajes al exterior durante ese mismo período, circunstancia que para el Municipio resultaba incompatible con la alegada imposibilidad de retomar sus funciones en el servicio.
Frente al incumplimiento de las intimaciones y a la persistente negativa a prestar tareas, se llevaron adelante las actuaciones administrativas correspondientes que culminaron con la cesantía de ambos agentes.
La posición del Municipio es que actuó para resolver el conflicto planteado por los propios profesionales: se realizaron reuniones, se escucharon los reclamos, se adoptaron medidas concretas de reorganización del servicio y se removió al profesional que los agentes identificaban como origen de la situación.
Sin embargo, una vez cumplidas esas condiciones, la reincorporación siguió siendo condicionada a decisiones vinculadas a la integración del equipo médico y a la gestión del servicio.
Frente a la persistente negativa a retomar funciones, el Municipio avanzó con las actuaciones administrativas que culminaron en la cesantía.