El oficialismo logró este jueves aprobar en el Senado la reforma de la Ley de Glaciares y desató una celebración eufórica en los palcos del recinto. Con 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención, la Cámara alta dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno, que ahora deberá ser tratado en Diputados cuando se inicie el período ordinario.
Desde una de las galerías siguieron la sesión y festejaron el resultado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. La votación fue leída como un triunfo político en una agenda que el Ejecutivo había comprometido con gobernadores de provincias cordilleranas interesados en dinamizar inversiones mineras e hidrocarburíferas.
La iniciativa modifica la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010, y redefine el alcance de las zonas protegidas. El eje del cambio está en la distinción entre las “formas periglaciares” que cumplen una función hídrica estratégica -como reservas de agua dulce y recarga de cuencas- y aquellas que no la cumplen de manera comprobable.
Proyectos en áreas periglaciares
En la práctica, la reforma mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, pero habilita la posibilidad de desarrollar proyectos en áreas periglaciares que no tengan una función hídrica fehaciente. Para el oficialismo, se trata de corregir una “ambigüedad jurídica” que, según argumenta, paralizó inversiones durante años.
El proyecto crea además el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. Ese inventario deberá identificar glaciares y formas periglaciares y diferenciar cuáles cumplen funciones hídricas.
La normativa vigente protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares, ecosistemas de alta montaña compuestos por suelos congelados, roca y sedimentos saturados de agua.
Estos ambientes cumplen un rol clave en la regulación hídrica y geomorfológica. Entre las actividades prohibidas figuran la liberación de sustancias contaminantes, obras de infraestructura, exploración y explotación minera e hidrocarburífera y actividades industriales. Se permiten investigaciones científicas, rescates y deportes no motorizados.
Incidentes en el Congreso
La sesión estuvo precedida por incidentes en las inmediaciones del Congreso. Un grupo de activistas de Greenpeace fue detenido tras saltar las rejas del Palacio Legislativo con la intención de interrumpir el debate. Además, un camarógrafo del canal A24 denunció haber sido reprimido con gas pimienta por fuerzas de seguridad mientras cubría los hechos.
En el recinto, el debate fue intenso y atravesado por acusaciones cruzadas. El senador fueguino Agustín Coto, de La Libertad Avanza, defendió la reforma al señalar que “responde a la necesidad de armonizar la normativa” y sostuvo que “se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar”.
Desde el justicialismo, Daniel Pablo Bensusán reclamó “discutir de cara a la gente” y advirtió que no se trata de “una mera norma técnica”, sino de decidir si “intereses económicos en unas pocas provincias” estarán por encima del cuidado ambiental y del agua. En la misma línea, Carlos Linares afirmó que “sin consenso social no se puede cambiar una ley” y cuestionó el impacto de la actividad minera en las comunidades.
El rionegrino Martín Soria fue uno de los más duros. Consideró que la reforma es “ideológica y servil” y acusó al oficialismo de impulsar “un modelo primarizado” basado en la exportación de recursos naturales. Según advirtió, las zonas periglaciares que podrían quedar sin protección representan entre el 25 y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo en provincias patagónicas.
Retroceso institucional
También se expresó en contra Alicia Kirchner, quien habló de “retroceso institucional” y pidió que el proyecto vuelva a comisión. Anabel Fernández Sagasti sostuvo que la decisión es “irreversible” y denunció un cambio de paradigma que flexibiliza estándares ambientales. Maximiliano Abad, de la UCR, reconoció la tensión entre preservación y progreso económico, pero anticipó su voto negativo al considerar que la iniciativa no logra equilibrio.
Del lado oficialista, Bruno Olivera aseguró que la ley actual contiene una ambigüedad perjudicial y que la reforma permitirá “proteger mejor el agua y habilitar el desarrollo”. Luis Juez, quien en 2010 votó la norma original, justificó su cambio de postura al señalar que la nueva redacción no vulnera garantías y devuelve autonomía a las provincias sobre sus recursos naturales.
El cierre estuvo a cargo de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, quien pidió superar la “falsa dicotomía” entre ambiente y trabajo. “No es agua o empleo”, enfatizó, y sostuvo que la protección de los glaciares se mantiene intacta. Según argumentó, una delimitación más precisa permitirá atraer inversiones con reglas claras y controles efectivos.
Con la media sanción, el debate se traslada ahora a la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión igualmente polarizada. Mientras el Gobierno celebra un paso clave en su agenda de reformas, sectores ambientalistas y de la oposición prometen redoblar la resistencia para impedir que la modificación se convierta en ley