En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javier Milei designó a las nuevas autoridades de los organismos clave para el sector agropecuario y la regulación de distintas áreas productivas, tras la caída de los decretos delegados que proponían su disolución o reestructuración.
De esta manera, la administración libertaria designó como autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a Nicolás Bronzovich y Carlos Alberto Antonio Vera, mientras que en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) asumió Martín Famulari, y en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Carlos Raúl Tizio Mayer.
Es preciso mencionar que, estas designaciones están contempladas en el Decreto 684/2025, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso le negara validez a varios decretos emanados de la Ley de Bases, entre ellos el DNU 462/2025 que proponía suprimir la autarquía del INTA, disolver al INASE, reorganizar al INV y modificar el funcionamiento de otros organismos descentralizados.
El rechazo legislativo implicó que dichos organismos recuperaran legalidad en su estatus institucional original, lo que fue confirmado mediante dos decretos publicados los días siguientes que restablecieron las disposiciones que habían sido suprimidas, modificadas o sustituidas por los DNU cuestionados.
Así, la administración libertaria afirmó que los nuevos nombramientos tienen vigencia desde principios de este mes para que las instituciones vuelvan a operar con normalidad en sus respectivos ámbitos de competencia, después de un período de incertidumbre institucional, debates judiciales y protestas sindicales.
De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Milei, el restablecimiento institucional del INTA, el INASE y el INV incluye la restitución de sus funciones regulatorias, operativas y de coordinación en los organismos designados, en particular en lo relativo al control de semillas, la investigación agropecuaria, la vitivinicultura, que habían sido objeto de medidas de reestructuración.
En tanto, los despidos en los organismos o pases a disponibilidad que se habían efectuado en algunos de estos organismos tras los DNU rechazados generaron críticas de gremios estatales y legisladores, que acusaron al Gobierno de desconocer la voluntad del Congreso, violar la institucionalidad y avanzar con medidas administrativas que afectaban personal técnico, profesional y de apoyo.
En este marco, las designaciones son interpretadas como una respuesta presidencial a los reclamos institucionales y políticos surgidos tras la derrota parlamentaria, un intento de recomponer la gestión y restituir cierta estabilidad en organismos que cumplen funciones fundamentales para la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria, el desarrollo tecnológico y la regulación del sector semillero.
Finalmente, la resolución también forma parte de un paquete más amplio de restablecimiento institucional: tras el rechazo del Congreso a los DNU, el Gobierno restituyó autoridades y funciones en otros organismos como INTI, Vialidad Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad, la Junta de Seguridad en el Transporte, y otras agencias reguladoras que habían sido también afectadas por los decretos delegados.