El avance de la investigación sobre la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte de Javier Milei sumó nuevos testimonios y pruebas que complican tanto al Presidente como a su entorno más cercano. En este marco, Martín Romeo, especialista en criptomonedas y uno de los inversores que perdió dinero en la operatoria, aportó información clave ante la Justicia y solicitó ser aceptado como querellante.
La Fiscalía a cargo de Eduardo Taiano analiza los vínculos e interacciones personales y telefónicas entre los involucrados en el lanzamiento y promoción de $LIBRA. El objetivo es reconstruir la trama detrás de la estafa millonaria que, según las denuncias presentadas, alcanzó a cientos de inversores.
En tanto, la investigación judicial apunta a Milei y a un círculo cercano de colaboradores y empresarios vinculados al lanzamiento de la criptomoneda. Entre ellos figuran, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni, el CEO de Kelsier Ventures y creador de $LIBRA, Hayden Mark Davis y Julián Peh, CEO de Kip Protocol.
También forman parte de la investigación el trader Mauricio Novelli, cofundador del Tech Forum, espacio donde se produjo el primer contacto entre Peh y funcionarios del Gobierno nacional. Según los registros oficiales, Novelli ingresó al menos siete veces a la Casa Rosada en lo que va del año y mantuvo encuentros tanto con Davis como con otros empresarios vinculados a la operatoria.
Asimismo, Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), también quedó bajo investigación, ya que tanto él como Novelli participaron de las reuniones con Davis en Casa Rosada y la Quinta de Olivos, donde se habrían delineado los detalles del lanzamiento de $LIBRA.
En ese marco, Romeo solicitó ser aceptado como querellante junto al abogado, Nicolás Oszust, y al dirigente radical, Agustín Rombolá, quienes además trabajan en una demanda colectiva de carácter civil que reúne a 122 damnificados: entre ellos, once ciudadanos argentinos, tres fondos de inversión de Bielorrusia y Bosnia, y pequeños inversores de distintos países de Latinoamérica por un perjuicio total que supera los cinco millones de dólares.
En paralelo, Taiano avanza con medidas para obtener información de organismos locales e internacionales. Hasta ahora, el fiscal requirió informes al Banco Central, la Inspección General de Justicia y la CNV, al tiempo que prepara exhortos internacionales para rastrear movimientos de fondos y operaciones vinculadas a $LIBRA en el exterior.
En tanto, la preservación de evidencia digital resulta clave para la causa, ya que si bien los implicados eliminaron publicaciones y contenido en redes sociales tras el escándalo, las operaciones realizadas en blockchain dejan un registro permanente que la Justicia puede rastrear.
Para tal fin, la Fiscalía busca congelar preventivamente las direcciones de billeteras digitales utilizadas por los investigados con el objetivo de evitar nuevas maniobras de vaciamiento y garantizar eventuales indemnizaciones a los damnificados.
Con la nueva documentación que presentará Romeo, la Justicia podría habilitar su rol como querellante y darle acceso al expediente. La causa ya se convirtió en una de las investigaciones judiciales más sensibles para el Gobierno nacional y para el propio Presidente.
