Este lunes a primera hora y con el Banco Nación como antesala, el Gobierno nacional de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el decreto que convierte al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio ubicado en la provincia de Santa Cruz en sociedad anónima, en el marco de la intensa reforma del Estado que impulsa la administración libertaria desde su asunción.
De acuerdo al Decreto 115/2025 publicado esta mañana, el jefe de Estado ordenó transformar a la compañía estatal en en la Sociedad Anónima Carboeléctrica Río Turbio, en el ámbito del Ministerio de Economía, con sujeción al régimen establecido por la Ley General de Sociedades de 1984.
De esta manera, el Gobierno nacional abrió la posibilidad a que un privado se quede con el manejo del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, y tendrá por objeto llevar a cabo la explotación del Complejo minero-carbonífero, ferroviario, portuario y energético con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos.
Asimismo, el decreto oficializado este lunes establece que la representación de los derechos derivados de la titularidad de las acciones por parte del Estado Nacional será en un 95 % para la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante estará representado por la Secretaría de Minería, ambas dependientes de la cartera de Economía liderada por Luis Caputo.
Cabe señalar que, el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio que se encuentra emplazado en la provincia de Santa Cruz fue incluido en la Ley Bases aprobada por el Congreso, dentro del listado de posibles empresas a privatizar de manera total o parcial por parte del Gobierno nacional.
Según un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) publicado en noviembre del 2024, el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio al cierre del tercer trimestre de 2024 registró un resultado económico negativo de $8.728 millones, a pesar de haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones.
De esa manera, el déficit operativo del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio fue de $62.565 millones en los primeros nueve meses del 2024, mientras que en 2023 había sido de u$s140 millones, números más que suficientes para el Gobierno de Milei para avanzar con la privatización de la empresa argentina emplazada en el sur, siempre con el plan de lograr el superávit fiscal como argumento.
Es preciso mencionar que, la empresa estatal ubicada en las cercanías de la ciudad de Río Turbio tiene un total de 2.100 empleados pertenecientes a la localidad, que vive alrededor del funcionamiento del Yacimiento y de la Central Termoeléctrica. De esta manera, la privatización de la compañía y un eventual recorte masivo de personal podrían destruir la economía de miles de familias locales.
Es que, según trascendió, hay tres grupos económicos interesados en la empresa estatal que incluye una mina de carbón y dos centrales de generación de energía. Por caso, desde el Gobierno sostienen que antes de vender el Yacimiento van a sanearlo, un término que remite a posibles despidos, ya que una de las principales críticas de La Libertad Avanza a la empresa es su número de trabajadores.
