Este jueves, el diputado nacional José Luis Espert quedó en el centro de la escena por los avances en la causa judicial que lo involucra en presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos. Es que, por orden del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y bajo la supervisión del fiscal Federico Domínguez, la Policía Federal Argentina llevó adelante allanamientos simultáneos en su domicilio de Beccar y en su despacho del Congreso de la Nación.
Es preciso mencionar que, los dos allanamientos a Espert fueron realizados en el marco de la denuncia presentada por el abogado, dirigente social y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, quien solicitó que se investigue una transferencia de 200.000 dólares que habría recibido el legislador oficialista de parte del empresario detenido.
El operativo en la residencia de Espert se desarrolló durante la mañana, en presencia del propio diputado en uso de licencia y de sus abogados, mientras los agentes buscaban documentación, computadoras y dispositivos electrónicos. Según informaron medios nacionales, el procedimiento se llevó a cabo sin incidentes y bajo estricto secreto de sumario.
La causa, caratulada como una posible maniobra de lavado de activos, investiga si el dinero transferido desde cuentas del Bank of America por Machado hacia Espert proviene de actividades ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes y al uso de sociedades pantalla en el exterior.
En tanto, el origen del caso se remonta a una investigación realizada por la justicia norteamericana, donde Machado fue condenado por narcotráfico junto a su socia Debra Mercer-Erwin. En ese expediente aparecieron registros contables que incluyen pagos al diputado argentino, lo que motivó la denuncia de Grabois ante la justicia federal argentina, que sostuvo que se trata de fondos derivados de una “organización criminal” y pidió que se determine si existió un delito de lavado de dinero en los términos del artículo 303 del Código Penal.
En un intento por explicar su versión, Espert difundió un video en redes sociales donde reconoció haber recibido el dinero, pero aseguró que se trató de un adelanto por un contrato de asesoramiento profesional con una empresa minera de Guatemala, denominada Minas del Pueblo. Según el legislador, Machado le había solicitado una consultoría económica para reestructurar la deuda de la firma.
“Nunca realicé ese trabajo porque en 2020 llegó la pandemia y la actividad profesional quedó paralizada. Fue un pago adelantado por un contrato que no se concretó”, argumentó el diputado de La Libertad Avanza, que esta semana renunció a la candidatura por la reelección, a la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y pidió licencia de su banca.
Sin embargo, las sospechas se profundizaron cuando, durante otro allanamiento realizado esta semana en la vivienda donde Machado cumple prisión domiciliaria en Viedma, los agentes hallaron un contrato completo entre la empresa guatemalteca y Espert. El documento, según trascendió, establecía un pago total de un millón de dólares por servicios de consultoría, cifra muy superior a la reconocida públicamente por el economista. Ahora, la justicia intenta determinar si ese contrato fue realmente ejecutado o si se trató de una maniobra de encubrimiento de fondos ilícitos.
En paralelo, la Cámara de Diputados de la Nación autorizó el allanamiento del despacho de Espert en el Congreso, que desde la noche anterior permanecía cerrado con custodia policial y fajas de clausura. La decisión se adoptó tras el pedido formal del juez Mirabelli, en cumplimiento de los procedimientos que rigen para intervenir en espacios de legisladores con fueros. El operativo comenzó al mediodía y se desarrolló bajo reserva, aunque trascendió que los agentes incautaron computadoras, teléfonos y carpetas con documentación vinculada a la causa.
El escándalo que involucra al diputado libertario se agrava por su rol hasta hace pocos días como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una de las más relevantes del Congreso, desde donde impulsaba la discusión sobre el Presupuesto 2026. La causa judicial derivó en una crisis política que alcanzó a la cúpula de La Libertad Avanza, luego de que se conocieran denuncias paralelas por supuestos casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpicaron a funcionarios cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.