Lugo de que desde el Ministerio de Educación anunciara la decisión de modificar la jornada escolar de la educación primaria con una hora más de clase diaria, desde los dos principales sindicatos docentes expresaron su rechazo hacia la iniciativa y afirmaron que la medida “vulnere los derechos laborales” de dicho grupo.
La propuesta -que será acordada con las provincias este viernes- tiene como fin la modificación del horario escolar y proviene del Ministerio de Educación Nacional. La misma aboga por la implementación de una hora más de clase por día en todas las escuelas primarias de jornada simple del país.
De este modo, la jornada diaria se extendería de 4 a 5 horas, con lo que la Argentina pasará de tener 720 horas de clases por año a 950, lo que equivaldría a 38 días más de clase.
Pero la medida no fue bien recibida por CTERA y SUTEBA, los dos principales sindicatos docentes del país, que vieron la propuesta como una iniciativa que vulnera los derechos de los trabajadores de la educación y que, además, “está orientada hacia la cualificación del sistema educativo”.
En base a esta situación, desde el gremio convocaron a una reunión por paritarias “urgente”.
“Ante las noticias difundidas por los medios de comunicación sobre la decisión unilateral del Ministerio de Educación Nacional referidas a la modificación de la jornada escolar de la educación primaria, desde CTERA planteamos el rechazo de toda modificación del sistema educativo que vulnere los derechos laborales, implique una sobrecarga en el trabajo docente y no esté orientada hacia la cualificación del sistema educativo”, se lee en el comunicado con el que el sindicato hizo público su reclamo.
“Por lo que exigimos urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para discutir toda reforma que el Gobierno esté pensando y que de una u otra manera afecte los puestos y procesos de trabajo docentes, la organización institucional de las escuelas, las condiciones laborales y los derechos adquiridos”, prosigue el escrito.
Aparte de eso, desde CTERA plantearon la necesidad de que “la inversión educativa esté prioritariamente destinada a resolver las desigualdades entre las distintas jurisdicciones, garantizando infraestructura, equipamiento, la creación de cargos y formación docente” para poder avanzar de manera efectiva con lo establecido por la Ley de Educación Nacional respecto a la jornada completa y extendida.
