El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense difundió un informe donde se precisa que las investigaciones judiciales en la provincia de Buenos Aires sobre casos de aborto hacían foco "en las mujeres que se causaban su propio aborto", antes de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE).
El informe de la Subsecretaría de Política Criminal, incluye dentro de su análisis los últimos nueve años y detalla que "el eje de la persecución judicial en territorio bonaerense en los primeros tres años hacía foco en las personas que facilitaban el aborto", y posteriormente recayó sobre las mujeres que realizaban abortos clandestinos.
El trabajo que realizó el ministro Julio Alak puntualiza que en los últimos seis años "ganaron entidad las investigaciones contra aquellas personas que se causaban su propio aborto”. El informe remarca que la IVE, sancionada en diciembre pasado en el Congreso nacional y reglamentada a comienzos de 2020, "se adecuó a compromisos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en materia de salud pública".
En relación a esto último el Ministerio de Justicia bonaerense recordó que "se modificaron los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal, y se implementó el artículo 85 bis, que contempla como responsable a un funcionario público, autoridad o personal de la salud".