La Justicia provincial resolvió que los detenidos en la provincia de Mendoza por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional con el objetivo de frenar la pandemia del COVID-19, tendrán que realizar trabajos gratuitos en hospitales, comisarías o municipios.
La disposición de trabajar gratis para el Estado fue explicada a Télam por el Procurador General de la Provincia, Alejandro Gullé quien agregó que para aquellos que tengan antecedentes “habrá prisión efectiva, con penas que van de seis meses a dos años de prisión”.
“Dispuse analizar cada caso en particular y se podrá aplicar la suspensión del juicio a prueba y la regla de conducta, con trabajo gratuito para el Estado, preferentemente en hospitales públicos o centros de salud, municipalidades o escuelas en el reparto de comidas o hasta en comisarías y oficinas fiscales”, explicó hoy el jefe de fiscales.
Según Gullé, “el 90 por ciento de los ya 1.355 detenidos hasta este mediodía, son gente joven de 18 a 30 años, en plena edad laboral, que si se los condena, peligra la posibilidad de trabajar”.
“Hasta pueden echarlos de sus trabajos si se los condena, así que no queremos generar antecedentes y perjuicios”, explicó.