Este miércoles a las 14 horas se llevó a cabo, en el Complejo Universitario de Olavarría, la presentación del XI Informe anual de la Comisión por la Memoria.
Expone el resultado de control y monitoreo del sistema de encierro de la Provincia de Buenos Aires y las políticas de seguridad y de justicia que realizó la CPM desde sus distintos programas durante el año 2016, cumpliendo el mandato del protocolo facultativo a la convención contra la tortura de ONU.
La mesa de presentación estuvo integrada por la Decana de la FACSO, Gabriela Gamberini; el Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García; el Defensor General del Departamento Judicial de Azul, Diego Fernández: el Titular de la Ayudantía Fiscal en Delitos Carcelarios, Lucas Moyano; y la Coordinadora del Programa de Educación en Contextos de Encierro, Analía Umpiérrez. Todo fue coordinado por Sandra Raggio, Directora General de la Comisión por la Memoria.
En ese marco tomó la palabra el Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, e indicó las características de la presentación del informe:
“Releva las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y toda la política de encierro, en cárceles, comisarías, centro de menores y manicomios públicos. Se construye a partir del trabajo del monitoreo de control de los lugares que la Comisión desarrolla del año 2002, cuando decide crear el Comité contra la Tortura y ese trabajo se refleja en múltiples presentaciones judiciales y administrativas durante el año sino que también en este informe que pretende ser un aporte a los poderes del Estado, por eso se entrega a Gobernación, Suprema Corte de Justicia y ambas Cámaras de la Legislatura en aras de que sea una contribución para que la realidad cambie”.
En esa línea el referente manifestó que “ha habido una continuidad de las políticas, de la anterior gestión a esta” y ejemplificó: “Cuando Granado deja el Ministerio de Seguridad y asume Ritondo, el que era segundo Jefe de la Policía pasa a ser Jefe de la Policía de Ritondo, es decir que las líneas de abordaje fueron las misma”, sostuvo al tiempo que añadió –en referencia al Servicio Penitenciario-: “Las autoridades que trabajaban continuaron y luego designaron a Fernando Díaz como Jefe, que ya había trabajado en gestiones de Scioli y Solá.”
Luego procedió a hacer un análisis sobre la actual situación carcelaria: “Hoy hay un excesivo número de personas encarceladas en la Provincia, si uno compara los índices de población, mientras que en el mundo son 144 personas cada 100 mil habitantes las detenidas, en la provincia son cerca de 169 cada 100 mil personas, entonces tiene hoy 245 personas cada 100 mil habitantes”.
A su vez hizo hincapié en que la “sobrepoblación” carcelaria se debe a que “las políticas de seguridad que piensan que la solución pasa por la saturación policial en los territorios y la mayor detención de personas por delitos pequeños porque el grueso –más de 42 mil detenidos no son por delitos graves-. Es un sistema muy selectivo que atrapa a sectores pobres, populares. No está ni preparado ni hay decisión política que persiga al delito complejo. Es una situación más que crítica”, subrayó.
Tiempo después el orador continuó brindando detalles sobre la recepción del Informe por autoridades del Estado: “Estuvimos en el Plenario de la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires y lo reciben como un aporte, obviamente es crítico del rol de la justicia. Con la Corte se ha permitido algunas instancias de diálogo. En general nos recibe el gobernador, la gobernadora aun no nos recibió pero hemos charlado. Lo toman como un aporte y agradecen el trabajo. En cuanto a la Legislatura la respuesta es la misma”.
Una parte del escrito hace hincapié en el eje de salud, la violencia institucional, tortura entre otros; al respecto el Secretario expuso: “El tema de la tortura es un tema que por supuesto venimos trabajando desde la Constitución de la Comisión, no sólo en clave de lo que pasaba en la Dictadura en la Argentina sino de lo que pasaba en el presente en aquel momento, año 1999, cuando Ruckauf asumía en la Provincia con un discurso muy duro y eso generó una crisis muy importante en el Servicio Penitenciario. Dejó 24 mil personas detenidas, graves violaciones de los Derechos Humanos y no dejaba de verse como uno de los problemas centrales y eso que costó mucho instalar porque se negaba la existencia”.
En esa línea Cipriano citó: “Hubo muchos trabajos a partir de informes para ir visibilizando que la tortura no se tratas de un caso aislado sino que es una práctica sistemática que acontece en todos los lugares de detención con diferentes modalidades e intensidades aunque no deja de ser un problema estructural en el despliegue de las fuerzas provinciales y federales en los territorios y esto es lo que los informes fueron construyendo”.
Más tarde llegó el momento de hacer referencia a una temática que contempla a nuestra ciudad: “Venimos trabajando mucho una cuestión y está muy relacionada con Olavarría. Se trata de la muerte de las personas en los lugares de detención por cuestiones de salud no asistidas. De las 156 personas que murieron el año pasado 111 por enfermedades que si fueran asistidas se podrían haber salvado, como por ejemplo Tuberculosis, Neumonía, VIH, etc.”, enfatizó Cipriano.
Ese fue el momento en que comenzó a recordar una situación que vivió en la Unidad 2 de Sierra Chica: “Mientras realizábamos una inspección, fallece un detenido. Al hombre le dio un infarto jugando al fútbol y no había un medico para atenderlo, 1500 personas y no había quien asistiera esa urgencia. La Salud penitenciaria debe depender del Ministerio de Salud, debe figurar en las políticas sanitarias, hoy depende del Ministerio de Justicia, no tienen lógica ni sustento. Por lo tanto se generan muchas incoordinaciones, no hay médicos, no hay especialistas ni derivaciones en los lugares de detención. Ese día había un médico para todo el complejo”.
Más tarde explicó que actualmente vivimos en “tiempos complejos” y que “desde la construcción que se hace desde lo político y mediático con esos temas, las demandas que se constituyen desde los medios hegemónicos nacionales en relación a la seguridad, se justifica la tortura, la muerte. Los lugares de detención tienen que ver con lo que la sociedad decide que sea. Estamos frente a un sistema de crueldad pensado para el padecimiento para ciertos sectores de la sociedad, no para la seguridad, esas son falacias que se construyen para justificar. Además de ser un sistema muy cruel, que tortura y viola DD.HH además es nicho importante de corrupción nunca investigado donde todo se roba y comercializa.
“El Sistema tiene que dejar de detener a tantas personas, hay detener menos digamos. El problema es estructural, hay cerca de 39 mil personas en los 62 establecimientos penitenciarios y las plazas son 20 mil, hay una superpoblación importante y lo mismo pasa en Comisaría. En Sierra Chica hay celdas que se caen a pedazos, llenas de ratas y hay 2 o a 3 personas en celdas de 2 x 3 metros y genera otros problemas, como convivencia, violencia, entre otros”.
Por su parte, Sandra Raggio, Directora General de la Comisión por la Memoria, aportó: “No hay que dejar de detener para resolver el problema de la superpoblación, hay que salir de la lógica de la mano dura como política de seguridad que no ya dado resultado, lo cual genera mayores niveles de inseguridad. Nuestro informe inscribe sobre la inseguridad”.
Minutos después la Directora continuó diciendo: “Esta política de seguridad es ineficaz, todas las vidas valen igual, tenemos que tener una política de seguridad que privilegie la vida de todos como un principio básico de la sociedad”
Más tarde, retomó la palabra Cipriano García y enfatizó: “Lo que pasa acá es que lo detienen, lo dejan detenidos y luego ven si lo condenan o no. Uno de cada 4 termina absuelto, la Policía regula el delito y de ahí toma la masa de población que detiene”.