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Lejos de ser asumido como un simple hecho fortuito y lamentable, la tragedia que conmueve a la sociedad lamatritense está cada vez más inmersa en un debate sobre las responsabilidades. En la madrugada del 11 de enero seis jóvenes, de entre 15 y 20 años, fallecieron al chocar en su auto contra un árbol en la Ruta 86, en el acceso a General La Madrid, cuando volvían del boliche bailable “Km 86” ubicado a tres kilómetros y medio de la planta urbana. Hoy, un mes más tarde, el bloque de concejales de la UCR de Lamadrid pretende dejar, por ahora el debate social y referirse a las responsabilidades institucionales.
Se trata de los ediles Florencia Biurrarena, Silvia Marchueta y Oscar Bianchi, que integran el bloque UCR y quienes el 22 de enero denunciaron ante la fiscal Viviana Beytía en nuestra ciudad al intendente de Lamadrid Carlos Pellita por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de que infoeme.com diera a conocer que el boliche del cual volvían los seis jóvenes que se mataron el 11 de enero estaba ubicado en una zona prohibida por ordenanza.
Los ediles Marchueta, Biurrarena y Bianchi, integrantes del bloque UCR.
Los legisladores se expresaron a través de una carta abierta en la que puntualizan que “es evidente diferenciar dos aspectos, uno es por las responsabilidades sociales que tenemos como ciudadanos, y el otro por las responsabilidades que le corresponde al Municipio como Órgano de Aplicación de la Leyes Nacionales y Provinciales, además de las propias, es decir las Ordenanzas vigentes. Que ha existido deficiencias en los controles, ya no existe ninguna duda”.
Cuando se habla de responsabilidades es clara la postura de los ediles en cuanto a que la habilitación de comercios, cualquiera sea su tipo, es de entera incumbencia y responsabilidad del Departamento Ejecutivo, es decir del Intendente Juan Carlos Pellita. “Los chicos salieron de un boliche que cuenta con una habilitación municipal para funcionar, que a toda vista no correspondía haberla otorgado pues no cumplía con los requisitos de la Ordenanza 1085/07 en vigencia, cuestión por la cual ya hemos realizado la correspondiente denuncia judicial”, sostienen.
Todo indica que el intendente Juan Carlos Pellitta desconoció una ordenanza que él mismo creó hace un año y medio –cuando era concejal opositor- y que prohíbe taxativamente la instalación de boliches sobre las rutas nacionales o provinciales. Desde la UCR se plantea tener en cuenta que este negocio recibió un crédito de la Municipalidad por 12.000 pesos, a pesar de que el responsable del área que evalúa los créditos de emprendimientos productivos no estaba de acuerdo, de características muy peculiares por las facilidades que otorga porque están destinados a emprendimientos productivos, como política de gobierno, promocionados por la Secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente.
Los concejales, además, tienen la convicción, de la Municipalidad dispuso su propio personal para la refacción del local nocturno: “existe la firme convicción, aunque no ha sido verificado, que el municipio puso mano de obra de su personal para la confección de rejas, cabreadas, etc., y incluso para la colocación de las mismas en el lugar”, expresaron.
Por todo esto es que el bloque de concejales radicales de Lamadrid se pregunta en el comunicado “¿existió algún interés particular por parte de estas autoridades municipales? ¿Existió mal uso de los poderes públicos? ¿Existió el denominado tráfico de influencias para lograr el crédito, construcción y la habilitación del “Boliche”? ¿Existió corrupción o impunidad municipal?”