La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul rechazó los recursos presentados por las defensas de Mario Miguel Garavelli, María Laura Calandra y Matías Horacio Rosas y confirmó la resolución que dispuso la elevación a juicio de la causa donde los tres -junto con Neefer Eduardo González- continúan imputados por estafas a la CEAL y a comerciantes mediante la presunta comisión de maniobras defraudatorias con pagos truchos de facturas de energía eléctrica.
De esa manera, quedó ratificado que los investigados por estos hechos serán juzgados en un futuro proceso al que llegarán acusados de diferentes delitos, definidos como asociación ilícita, falsedad de documento privado, uso de documento falso y estafas reiteradas.
Lo dispuesto data de este martes y lleva las firmas de los jueces Damián Cini y Carlos Pagliere (h), los actuales presidente y vicepresidente de la Alzada departamental con asiento en el tercer piso del Palacio de Justicia de Azul.
De acuerdo con lo concluido de manera unánime por ambos camaristas en una extensa resolución, donde no prosperaron los planteos de los abogados del propietario de una agencia de loterías y quinielas y del matrimonio de empleados de la CEAL, a través de las pruebas colectadas durante lo que había sido esta investigación penal continúan existiendo elementos de convicción suficientes para que dicho sumario se convierta en materia de un futuro juicio a los acusados.
Los antecedentes de lo resuelto este martes se remontan al pasado 21 de agosto, cuando desde Garantías 2 el juez Federico Barberena también había rechazado los sobreseimientos para tres de los acusados, pedidos que en aquel entonces presentaron sus respectivas defensas.
Ese magistrado, además, no había avalado los planteos de cambio de calificación legal de algunos de los delitos que les continúan atribuyendo al matrimonio y a uno de los comerciantes imputados y, en consecuencia, dio lugar a la requisitoria de elevación a juicio de esta causa.
Dicho pedido había sido formulado por Paula Serrano, la fiscal que desde la UFI 6 llevó adelante esta Investigación Penal Preparatoria.
Contra lo resuelto hace dos meses en esa primera instancia habían sido formulados, por sus respectivos abogados defensores, los recursos en favor de Garavelli y del matrimonio conformado por Rosas y Calandra: Luciano Di Pietro, en el caso del comerciante, y María Fernanda Giménez, la patrocinante de la pareja.
En respuestas a esas apelaciones ante la Alzada, este martes se conoció lo decidido por los camaristas Pagliere (h) y Cini, quienes en lo decidido votaron en ese orden para terminar rechazando por "improcedentes" ambos recursos y, en consecuencia, ratificar la decisión inicial del titular de Garantías 2, vinculada a que este sumario penal continúe hacia la próxima etapa del juicio a la totalidad de los imputados.
Rosas, su esposa Calandra, González y Garavelli cumplieron semanas atrás un año desde que se hicieran efectivas sus detenciones, a través de diferentes procedimientos policiales concretados a principios de octubre de 2025.
Dichas medidas cautelares continúan teniendo a los tres varones en la Unidad 7 y a la mujer bajo arresto domiciliario, considerando que -tal como EL TIEMPO informara- había sido beneficiada meses pasados con una morigeración de su prisión preventiva.
El delito más grave se mantiene
A través de lo resuelto ayer, una vez más se desestimaron las pretensiones de sus abogados para tres de los acusados, en cuanto a que se descartara la figura penal de "asociación ilícita" en los hechos investigados.
Del mismo modo que ocurriera cuando las prisiones preventivas de todos los denunciados quedaran ratificadas meses atrás desde la Cámara Penal, dicho planteo volvió a ser rechazado por dos de los jueces de la Alzada.
Por lo tanto, Rosas continúa siendo señalado como el probable "jefe" de una organización delictiva de la que también habrían formado parte su esposa Calandra y los comerciantes Garavelli y González. Este último, el propietario de una heladería.
Desde julio de 2024 hasta principios del año anterior -de acuerdo con lo investigado- entre todos ellos habrían estafado a la Cooperativa y a comerciantes, logrando de esa manera recaudar en beneficio propio considerables sumas de dinero.
Al respecto, existen evidencias que indican que se dedicaban a fraguar pagos de servicios de energía eléctrica y, en algunos casos, también de agua. Concretamente, mediante las confecciones de tickets truchos y notas de créditos apócrifas.
Esa calificación legal de "asociación ilícita" que les continúan atribuyendo a los acusados, contemplada en el artículo 210 del Código Penal, sanciona con "prisión o reclusión" de tres a diez años a quienes formen parte -tal como sería en este caso- de una organización con las características referidas.
Además, eleva el mínimo de la pena a cinco años de prisión para quienes -como ocurre con Rosas, quien hasta que fuera apartado de sus funciones en la Cooperativa estaba a cargo del área de Facturación- es considerado el jefe u organizador de la banda.
Al respecto, cuando en julio pasado la fiscal Serrano solicitó la elevación a juicio de esta causa, en el escrito presentado al juez de Garantías Barberena había hecho una estimación para el caso de que se resolvieran mediante un juicio abreviado las situaciones procesales de los acusados.
En el marco de ese acuerdo proponía para Rosas que, de resultar condenado en un proceso de esas características, le sea dictada una pena a cumplir consistente en ocho años de prisión por la mayor responsabilidad que le atribuye en lo investigado.
En tanto, también de efectivo cumplimiento, la representante de la Acusación estaba dispuesta a aceptar siete años de prisión para Calandra; y cinco años de condena para los comerciantes González y Garavelli.
En lo concluido ayer en esta segunda instancia continúa señalándose que existió un acuerdo entre los involucrados, cierta permanencia en el tiempo, una distribución de tareas y un propósito común de cometer los delitos por los que siguen presos y ahora se confirmó que serán juzgados.
En ese contexto, persiste la hipótesis de que Rosas habría dirigido la operatoria y realizado las maniobras defraudatorias contra la CEAL y en perjuicio también de varios comerciantes, quienes -creyendo cancelar los consumos de energía de los locales que poseen- les daban plata a los demás acusados; aunque por valores inferiores a los fijados en las boletas.
Mientras que Calandra habría coordinado la asociación, junto con Garavelli y González habría intervenido también en la captación de comerciantes y en la recaudación de pagos que se quedaban ellos y nunca ingresaban a las arcas de la Cooperativa.
En lo resuelto desde la Alzada este martes, una vez más se hizo alusión a los chats hallados cuando a Matías Horacio Rosas le fuera incautado su teléfono celular, con conversaciones que mantenía con su esposa sobre cómo se concretaban las maniobras que también involucraban a González y Garavelli.
Dichos diálogos entre el matrimonio continúan siendo una de las principales evidencias reunidas por la Fiscal de la causa para atribuirle a la totalidad de los acusados las probables comisiones de los diferentes delitos por los que se confirmó que deberán ser juzgados.
El dato
A través de otra resolución, desde la Cámara Penal quedó confirmada también ayer la denegatoria para que Garavelli pudiera gozar de una morigeración de prisión que le permitiera cumplir arresto domiciliario. Ese pedido ya había sido rechazado por el Juez de la causa y este martes tampoco prosperó en la Alzada. A la solicitud la formuló en ambas instancias el abogado Di Pietro, en busca de que su cliente pudiera acceder a dicho beneficio por cuestiones de índole familiar. El dueño de la agencia de loterías y quinielas permanece privado de la libertad desde el 6 de octubre del año pasado, luego de que -estando vigente su detención en esta causa- aquel día se presentó en la DDI Azul para entregarse.
Con información de Diario El Tiempo.
