Cansada de la ausencia sistemática de respuesta a los pedidos de informes presentados ante distintas carteras del Ejecutivo bonaerense, la senadora María Isabel Gainza presentó un proyecto de ley que obliga a una respuesta en 20 días hábiles aunque ese lapso podría achicarse ante “cuestiones de urgenciaâ€.
A partir del hartazgo por la ausencia sistemática de respuesta ante la solicitud de información al Ejecutivo bonaerense, la senadora María Isabel Gainza presentó un proyecto de ley que dispone que “los Proyectos de Solicitud de Informes que hayan sido aprobados cumpliendo la reglamentación interna de cada Cámara Legislativa, deberán ser respondidos en un plazo de veinte (20) días hábiles, contando desde el día de su recepción por parte de la autoridad a la que se dirige hasta la llegada de su contestación a la Cámara que lo emitióâ€.
Una vez que venciera ese plazo, si el Ejecutivo no brinda respuesta, los proyectos de pedidos de informes deberán ser publicados en los dos diarios de mayor circulación provincial, a través de avisos financiados con fondos personales del Gobernador.
En los fundamentos, la legisladora de la Coalición Cívica aclara que “el presente Proyecto que reproduce en su parte esencial el Proyecto de Ley E – 23 10/11, autoría del Senador MC Fernando López Villa, tiene por objeto regular el correcto funcionamiento de una de las potestades legislativas cual es la de requerir información y ejercer el control parlamentario de los actos de gobierno mediante las Solicitudes de Informesâ€.
Recuerda, entonces, que esa potestad está establecida en el Art. 90 de la Constitución Provincial. Los pedidos de informes “posibilitan al Poder Legislativo el control sobre el funcionamiento del Ejecutivo, facultad que, entre otras, permite el real equilibrio de poderes fundamental para el sistema democrático y republicanoâ€.
A pesar de la legalidad y legitimidad de dicha fundamentación, “la normativa vigente no da pautas específicas sobre las obligaciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo intervinientes en estos procedimientosâ€.
Por lo tanto, “es ya habitual la falta de respuesta o su llegada extemporánea y/o divergente o incompleta de las consultas presentadas por ambas Cámaras, habiéndose gestado una sistematicidad por omisión que abarca ya a diversas administraciones. Esta situación se ha acendrado como un lamentable hábito y ha conllevado a un deterioro creciente de la efectividad del Poder Legislativo, tergiversando hasta la inoperatividad su capacidad de garantizar el acceso ciudadano a la información, la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y la gestión racional de los recursos públicosâ€.
