La decisión del intendente José Eseverri de reemplazar la seguridad privada del Hospital por policías de la Bonaerense juntó a todo el arco gremial de la CGT en contra de la iniciativa, incluso a referentes que están enfrentados entre sí por problemas sindicales muy recientes (como los de Soeco y la Uocra) y a los sindicalistas peronistas que son brazos políticos del Ejecutivo.
Todo eso indica la nota que la CGT le entregó en la noche del jueves al presidente del HCD, Julio Alem, para que el Concejo “interceda” ante el mandatario local. Y en las barras se convocó incluso el grupo de la entidad gremial que más cerca está del Jefe Comunal.
Las firmas llaman la atención por dos cosas. Primero porque aparecen referentes sindicales que explícitamente le han sacado el cuerpo a la CGT, cuestionando su inacción ante temas concretos.
Por caso, firma la nota de rechazo de la medida del Intendente el secretario general de Soeco, Pedro Garay, quien no trabaja activamente en le central obrera porque esta no se ha manifestado en los casos de superposición de encuadramiento como el que le saca obreros de las plantas cerámicas locales a manos de la Uocra de Roberto D´Amico.
Pero también están allí los miembros más reconocidos de la Mesa Sindical Kirchnerista: Carlos Manzur (Atsa), Roberto D´Amico (Uocra) y Jorge Decrecchio (Camioneros), los tres dirigentes que presentaron en conferencia de prensa el brazo político del gremialismo local que apoya a José Eseverri y que se refiera a él como “el compañero Intendente”.
Además, firma también –pero no estuvo en la sesión- el secretario general de los municipales, José Stuppia, de buenas relaciones con el Ejecutivo y en plenas negociaciones por una mejora salarial.
La carta que le entregaron a Alem anoche señala textualmente lo siguiente:
“Los abajo firmantes en representación de los gremios nucleados en la CGT Regional Olavarría y los sindicatos independientes nos dirigimos a este honorable cuerpo a fin de plantear nuestra enorme preocupación por el decreto emanado del Ejecutivo Municipal en el que se dispone reemplazar a la empresa encargada de vigilancia en el Hospital Municipal `Héctor M. Cura´ y en el Hospital de Hinojo por agentes pertenecientes a la Policía Bonaerense.
“La enorme preocupación de las representaciones sindicales nucleadas por esta inquietud obedecen al destino de los trabajadores y sus familias, que quedan desempleadas.
“Pareciera una torpeza tomar decisiones de esta naturaleza, que pueden ser fundamentadas en razones económicas en resguardo de las arcas municipales, pero que no se ha tenido en cuenta la repercusión que tiene sobre los trabajadores en relación de dependencia con la empresa contratista. Entendemos que se deben arbitrar todos los medios para resguardar la continuidad del empleo de los trabajadores afectados.
“Para ello el Ejecutivo municipal debe ser imaginativo y esforzado en corregir, consensuar y resolver el problema de los trabajadores.
“Otra de las preocupaciones debe ser qué costo puede tener el Municipio ante el despido masivo de estos trabajadores, dado que la Municipalidad es solidariamente responsable ante el incumplimiento que pudiera producirse por parte del empleador directo (la empresa contratista).
“Otra preocupación debe ser quién ejercerá el control del nuevo sistema, especialmente ver de no aumentar la carga horaria en forma desmesurada de los agentes policiales, lo que llevaría a una precarización del derecho ante una jornada laboral no acorde a las normas establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, que si bien la policía no se encuentra encuadrada en ella, por razones humanitarias y por preceptos constitucionales debe haber una correspondencia en tal sentido.
“No obstante estas opiniones que vertimos y que no tienen otro objetivo que ponernos en la piel de los trabajadores cesanteados o a cesantear, solicitamos a ese Honorable Concejo la mediación en este problema, entendiendo como mediación que, en primera instancia, gestione ante el Ejecutivo municipal el resguardo del empleo de los afectados y en segunda instancia si fuese necesario hacer valer su condición de representantes del pueblo para revertir desde las facultades inherentes de que disponen legislar para solucionar este grave problema”.
Además de los dirigentes sindicales ya mencionados, firman la nota Miguel Arena (secretario general CGT, seguridad), Raúl Médici (Químicos), Esteban Rivarola (Sutiaga), Alejandro Kette (Foecyt), Lucas Newbery (Soegype), Miguel Angel Vales (Soeco), Julio Vande Vrande (Uthgra), Claudio Kette (Foeestra), Carlos Pais (Uom), Mauricio Piñero (Uatre), Julio Luetken (Utedyc), Oscar Palacios (Sosba), Rubén Mangano (secretario Acción Social CGT), Ruben Cavalieri (mosaístas), Walter Rodolfo Lorenzo (canillitas) y Mario Luetken (Soeme).
