El titular del Sindicato de Seguridad Privada de Olavarría, Miguel Arena y la senadora bonaerense María Isabel Gainza realizaron acciones en las últimas horas con el fin de instalar en el ámbito provincial el debate sobre el reemplazo de personal de seguridad privada en empresas locales por personal policial, que fue incorporado bajo el sistema de “Horas Cores.â€
El representante sindical decidió enviar al gobernador Daniel Scioli una carta documento donde notifica que la sucursal Olavarría de las empresa Walmart y la fábrica Canteras Argentinas “han contratado para custodiar su predio a personal policial, que
realizan las tareas durante su periodo de franco (horas cores) con el uniforme oficial, en abierta transgresión a lo dispuesto por la ley 12.297, que dispone que la custodia y vigilancia dentro de un previo privado es competencia exclusiva de agencias
de seguridad privada según lo dispuso el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Airesâ€.
“Como consecuencia de ello han quedado sin trabajo 14 vigiladores sin actividad†indica la carta enviada por Arena y concluye: “por ello es que denunciamos la
situación ante la máxima autoridad de la Provincia de Buenos Aires, a efectos que disponga el cumplimiento de las normas legales y convencionales†y “disponga que la policía se encargue de su actividad especifica, que es cuidar a todos los ciudadanos
en la vía pública y no ha empresas dentro de su propio predio†finaliza.
En tanto, la legisladora provincial de la Coalición Cívica, María Isabel Gainza, presentó ante el Senado bonaerense un proyecto de declaración donde alerta a sus colegas sobre “la delicada situación que atraviesan numerosos empleados de empresas de seguridad privada, quienes han sido reemplazados en sus trabajos por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Tal proceder tiene su origen en el reducido costo de la hora de trabajo de la llamada Policía Adicional, con que las empresas contratantes abonan el servicio que brindan los efectivos bonaerenses†indica el proyecto.
La senadora olavarriense remarcó que con este servicio “el Estado distrae a su personal y sus recursos del objetivo último de brindar seguridad pública, en aras de favorecer la rentabilidad de empresas†y justificó su iniciativa en que “la defensa de los derechos de los trabajadores como la búsqueda de mejorar los niveles de seguridad ciudadana son objetivos comunes a todos los miembros de esta Honorable Cámara†sostuvo.
Cabe recordar que la audiencia prevista para este viernes en la Delegación local del Ministerio de Trabajo, entre representantes del Sindicato de Seguridad Privada y la empresa Canteras Argentinas fue postergada porque la compañía no fue notificada del encuentro y que la nueva reunión se llevará a cabo este viernes.
