El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y los demás acusados en la causa por la fallida criptomoneda $LIBRA por inexistencia de delito.
La decisión alcanzó a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino porque los sucesos “no encuadran en una figura legal”, según la resolución a la que tuvo acceso DIB.
Martínez De Giorgi tomó la decisión luego de un pedido de sobreseimiento de los imputados que hizo el fiscal del caso, Eduardo Taiano, con lo cual la causa quedó cerrada ante la ausencia de querellantes que apelen esta decisión.
La resolución tiene 60 páginas y se fundamenta en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito. El fallo todavía está sujeto a eventuales recursos y su alcance se limita a las actuaciones examinadas por ese juzgado.
La investigación se originó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y una posible estafa relacionada con el lanzamiento de $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025. Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo. Según las denuncias reconstruidas en el fallo, su cotización pasó de aproximadamente US$0,01 a un valor cercano a US$5 y luego se desplomó. Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor.
El fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento después de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, estudios de trazabilidad de operaciones en la red Solana y pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas. También se requirió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del token.
Uno de los principales fundamentos fue que no se logró demostrar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. El juez sostuvo que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que esa circunstancia no acreditaba por sí sola una maniobra fraudulenta. Para el magistrado, tampoco alcanzaba con demostrar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas: era necesario probar una falsedad concreta que hubiera inducido a los inversores a comprar el activo.
Respecto de Javier Milei, la Justicia también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo tomó en cuenta que la Oficina Anticorrupción había concluido que la publicación no constituyó un acto institucional ni implicó la utilización de recursos estatales. También señaló que no se encontraron actos administrativos vinculados con el lanzamiento de $LIBRA ni documentación oficial que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y Hayden Davis para prestar asesoramiento sobre criptomonedas.
En el caso de Karina Milei, el juez consideró que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto. La investigación había examinado posibles hechos de tráfico de influencias y presuntos pagos por encuentros oficiales. Entre las pruebas figuraba una nota extraída del teléfono de Novelli que mencionaba un pago destinado a Javier y Karina Milei, pero las pericias no permitieron comprobar que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada por terceros.
Las pericias sobre el teléfono de Novelli también identificaron dos conversaciones eliminadas con un contacto registrado como “Karina Milei RRPP” y comunicaciones telefónicas con el Presidente, aunque no pudo establecerse el contenido de estas últimas. En paralelo, se analizaron movimientos en cajas de seguridad vinculadas con Novelli, registros de ingresos bancarios y operaciones de billeteras virtuales. El juzgado concluyó que esos elementos no alcanzaban para acreditar pagos indebidos a funcionarios públicos ni una intervención delictiva de las personas investigadas.
